El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, publicó ayer una sugerencia dirigida al departamento de Educación del Gobierno de Aragón para que de momento «no realice modificación alguna» ofertando «las mismas vías que están funcionando en la actualidad en los centros concertados y, en función de la demanda social, proceda a posteriori a la supresión de unidades en los centros que no tengan una demanda suficiente».

Esta sugerencia se argumenta con fundamentos de derecho y sentencias del Tribunal Supremo en las que se observa que «si el descenso demográfico no se traduce en una reducción de las solicitudes de un centro privado concertado, no es legalmente admisible que se suprima en dicho centro una unidad que tiene demanda de plazas para alcanzar la ratio profesor/alumnos exigida».

Por ese motivo, García Vicente considera que los padres deben poder realizar la inscripción a partir del próximo 19 de abril en los centros concertados que ahora ofrecen plazas y que luego, en función de la ocupación prevista, el departamento de Educación estudie las que puedan suprimirse.

Por otra parte, el Justicia observa también que hay que considerar que la supresión de una vía «irá afectando a un aula más cada año, medida que haría inviable el funcionamiento de algunos centros concertados». Es decir, si ahora se suprime una vía en el primer curso de infantil, supone también en los años siguientes un curso vacío, que pondría en peligro, sobre todo en los casos donde existe solo una vía, la organización del centro educativo.

Reflexiona también sobre los dos requisitos para acogerse a los conciertos, impartir enseñanzas gratuitas y satisfacer necesidades de educación. Si la demanda exige la continuidad, cumple ambos criterios.

Además, la sugerencia estima que aunque «es plausible adoptar medidas en defensa de la escuela pública, no debe hacerse en detrimento de la escuela concertada», conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación.

Por último, aunque reconoce que es competencia de la DGA, el Justicia opina que «cualquier reajuste debe resalizarse desde el diálogo y el entendimiento de todos los sectores afectados, dado que una posición de enfrentamiento podría derivar en la judicialización del problema que podría conducir a que se declarase nulo el proceso de escolarización».