Marta Valencia, representante en Aragón de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), también veía venir esta situación. En realidad, el descenso en el grado de aplicación de la Ley de Dependencia comenzó, según ella, a finales de la pasada legislatura. "Ya entonces empezaba a descender y, aquí, teníamos un grado de cumplimiento muy alto, pero los presupuestos estatales quitaron 11 millones de euros y, puesto que el convenio establecía que Aragón debía aportar otro 50%, la pérdida es de 22 millones por lo que, acostumbrados a un gran cumplimiento, la crisis ha llegado también en este apartado y ha provocado esta importante reducción, pero ya al final del mandato del PSOE se veía la reducción y que comenzaba la paralización".

Para Valencia, lo más preocupante es lo que concierne a la aplicación de servicios. "Es lo más inquietante. Se aboga por la prestación económica pero lo importante es el servicio", aunque matizó que "tenemos el compromiso del Ejecutivo de que no se van a dejar de aplicar sobre todo en el medio rural, ya que Aragón es un territorio muy disperso y casi todos los servicios están en Zaragoza".

Pero desde el colectivo se insiste en que la recepción de la Administración a la petición de que la Ley de Atención a la Dependencia siga su curso es "total" y confían en que "cumplan su palabra y con lo prometido, para lo que tienen nuestra absoluta colaboración, pero vamos a seguir luchando todos a una".

A Cocemfe, de momento, el gran frenazo no ha abocado a situaciones extremas porque "por ahora no tenemos ningún caso excesivamente urgente" pero Valencia reconoce que "hay gente que sigue esperando para acceder a los centros y estamos luchando para que el futuro sea mejor y que este descenso generalizado debido a la realidad presupuestaria deje paso a un horizonte más despejado" e incide en que "estábamos muy bien y por eso duele ahora esta reducción. De hecho, solo ha subido la puntuación de comunidades en las que la ley no se aplicaba".