El tiempo de negociación para salvar Averly finalizó ayer, después de muchas idas y venidas y meses de parálisis política y administrativa. Las máquinas entraron a primera hora de la mañana en la factoría situada en el paseo María Agustín, 59, sin previo aviso y ante la sorpresa del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que no ha logrado cumplir con su promesa electoral estrella de evitar el derribo de las naves no catalogadas. La constructora Brial, con la licencia aprobada desde hace un mes, decidió que las conversaciones se terminaron después de que el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, instará a los grupos municipales en la comisión de su área del martes a solicitar la retirada del expediente sobre Averly. Y así fue, después de que llegara al salón de plenos con las manos vacías, sin una solución nueva ni una propuesta.
La primera nave en desaparecer fue la que albergaba los moldes. Brial estima que los trabajos de derribo y limpieza se prolongarán hasta septiembre u octubre. En principio se van a demoler los edificios que no presentan problemas medioambientales, es decir, que no tienen amianto en sus tejados y requerirán de una retirada de escombros y limpieza exhaustiva.
Ni ZeC ni el resto de formaciones esperaba la entrada de las máquinas. A primera hora de la mañana se decía por los pasillos del consistorio que no podían iniciar el derribo porque faltaban los informes de contaminación medioambiental de suelos y vertidos. No era así. La constructora los presentó en el registro sobre las 09.00 horas. Fuentes de Urbanismo explicaron que lo habitual es que se entreguen en Inspección Urbanística para poder tener conocimiento de los mismos en el momento. Al pasar por registro, se ralentiza el proceso.
Brial justificó el derribo alegando que "las reuniones para buscar una solución --durante el último mes-- no han dado resultado" y, al ser "inviable trasladar la edificabilidad", y con todos los pleitos judiciales cerrados, decidió iniciar los trabajos .
El propio Muñoz admitió en la comisión que no habían alcanzado un acuerdo porque los suelos que se negociaban, en El Portillo, pertenecen a Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), de modo que el intercambio dependía de "terceros", lo que entrañaba "demasiados problemas jurídicos". Tampoco ofreció alternativas.
Ayer, en la puerta de Averly denunció que se "está consumando lo que es una tristísima noticia que tiene culpables y que tiene cooperadores necesarios". Insistió en responsabilizar a la oposición del resultado. "Los verdaderos causantes de este derribo son tres: el PP, el PSOE y C's, que son los que han apoyado la destrucción de este patrimonio industrial". En realidad, las formaciones exigieron informes jurídicos antes de votar por la inseguridad jurídica existente y la posible prevaricación.
El concejal recriminó a la constructora que "nunca ha tenido un ánimo negociador" y se ha dedicado a "marear la perdiz". "Las negociaciones han sido un paripé para ganar tiempo e ir pensando en cuestiones relativas al derribo". Una acusación que la oposición recrimina a Muñoz.
