La antigua cárcel de Torrero será inspeccionada por los técnicos municipales, con una revisión exhaustiva sobre su estado actual de conservación, y se abrirá el debate político sobre el futuro uso, ciudadano y para todos los vecinos de Zaragoza, que debería tener. A esa conclusión llegaron todos los grupos políticos salvo ZeC, que se abstuvo, en una propuesta que partía del PP. Los conservadores lograron hasta el voto de CHA, a cambio de aceptar en su petición, que no se descarte la posibilidad de que ese futuro uso pueda ser la «autogestión o gestión colaborativa».
Esa es, precisamente, la que el Gobierno de ZeC defendió que se está dando con los colectivos que la tienen okupada. Porque esta iniciativa partía de la denuncia del PP de su situación «de riesgo» actual, irregular y con todas las trabas para su control por parte del consistorio. Porque, dijo el edil Pedro Navarro, «no dejan entrar a los funcionarios» a inspeccionar y se abastecen de la luz y el agua de las acometidas de la vía urbana.
