El recorte en el presupuesto para infraestructuras del Departamento de Educación acumulado en los últimos cinco años es el equivalente a lo que habría costado acometer las obras ahora más urgentes en la comunidad. Así lo denunció ayer el sindicato CCOO, que cifró en 94,5 millones de euros la cantidad que se habría dejado de invertir en el último lustro tomando como referencia la partida del 2010 --35,6 millones--. Desde entonces, el presupuesto para obras educativas --el del 2011 elaborado por el anterior equipo de Gobierno y a partir de entonces por el actual-- ha sido muy inferior a aquel --19 millones en el 2011, 14 en el 2012, 16,5 en el 2013, 23 en el 2014 y 21 en el 2015--, lo que supone que, sobre la base de lo gastado en el 2010, se habría dejado de invertir 83,4 millones de euros, que ascenderían a 94,5 con el IPC.
Esta cantidad habría permitido construir los siete colegios y cuatro institutos que, en estos momentos, tienen carácter urgente o muy urgente y que, en muchos casos, sufren una considerable demora. En este apartado figurarían los colegios de Cuarte (cuya apertura, anunciada para septiembre del 2015, no se llevará a cabo), Pedrola, Sádaba o Sobradiel, además de un centro en Valdespartera, el Zaragoza Sur --entre Rosales del Canal y Arcosur-- y otro en Parque Venecia--. Los institutos que entran dentro de esta catalogación son los pendientes de construir en Cuarte, Valdespartera, Parque Goya y el prometido en la zona 2 para responder a la saturación del IES Río Gállego y de La Azucarera.
Según el secretario de Acción Sindical, Miguel Morte, y Mariví Orea y Eva Jaurrieta, responsables de Educación Primaria y Secundaria, respectivamente, el presupuesto necesario aproximado para construir un colegio público de dos vías es de alrededor de 6 millones de euros, mientras que el de un instituto oscila entre los 9 y los 10 millones, con lo que la inversión acumulada para las obras más necesarias en la actualidad quedaría por debajo del recorte acumulado en los últimos años.
CRÍTICAS
En este sentido, CCOO anunció, a través de su secretario general de enseñanza, José Luis Cimorra, que exigirá al próximo Gobierno aragonés un "plan urgente" para abordar "de forma efectiva esta emergencia".
El sindicato cargó contra la política educativa del actual Ejecutivo y afirmó que esta ha sido "la peor de las legislaturas conocidas para la educación aragonesa" y resaltó las movilizaciones, con unos 180 actos de protesta y reivindicaciones, sin contar el verano, prácticamente una por semana.
El sindicato justificó su crítica en los recortes --más de 100 millones de euros--, en la falta de negociación colectiva y la eliminación de acuerdos firmados con otros gobiernos "que estaban funcionando" y denunció "un ERE encubierto", con una reducción de plantillas de unos 2.600 profesores a jornada completa, junto al aumento de la precariedad laboral del personal interino al incrementar la contratación a tiempo parcial, con horarios de hasta 4 horas semanales.
A esto se suma la reducción media de un 40% de los ingresos de los centros para gastos de funcionamiento diario, dijo Cimorra, quien también criticó al Gobierno por su "falta de sensibilidad" hacia las becas de comedor y material escolar, con un presupuesto "raquítico". Asimismo, mostró su confianza en que un cambio en el Gobierno "hacia la izquierda" tras las elecciones paralice el desarrollo de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) impulsada por el ministro Wert.
