El Tribunal Constitucional seguirá teniendo pendientes seis recursos de inconstitucionalidad contra diferentes preceptos del Estatut catalán cuando logre resolver el presentado por el grupo parlamentario del PP en el Congreso. Así, los magistrados tardarán en limpiar la mesa para empezar con los pleitos aplazados. Su tramitación será más ágil que la del litigio abierto por los conservadores, por coherencia jurídica: los formulados por los gobiernos de Aragón y Baleares versan sobre un único objeto –el Archivo de la Corona– y los de Murcia y La Rioja sobre otro –la competencia en materia de agua–, mientras el de Valencia afecta a los dos. Por otro lado, el formulado por el Defensor del Pueblo afecta a 126 artículos, pero varios ya se habrán analizado en el del PP.
El magistrado Pablo Pérez Tremps –recusado en el caso de los conservadores– podrá intervenir en todos ellos, ya que su dictamen elaborado para el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat –que asesoró al Parlament– no versaba sobre ningún precepto impugnado en los otros seis pleitos.
