El Gobierno de Aragón aseguró ayer que el nuevo convenio de Derechos Sociales se está gestionando con «total normalidad» y que el acuerdo entre las responsables autonómica y municipal es absoluto en su contenido. Si desde Zaragoza en Común (ZeC) plantean la firma del mismo como un requisito indispensable para cerrar acuerdos en otras cuestiones no será, afirman, porque los compromisos no estén claros. Al revés. Las cuantías que fija para el convenio general de Zaragoza con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) será por valor de 11,3 millones de euros e incluirá los servicios de base, el personal y la encomienda de gestión para dependientes. El otro acuerdo, el que regulará la encomienda de gestión para el servicio de ayuda a domicilio para dependientes contará con 5,2 millones de euros. «No hay ningún problema ni diferencia entre ambas partes», insistieron desde el Gobierno aragonés, que añadía que ha «apostado siempre por el acuerdo porque de esta forma se blindan los servicios sociales ante cualquier tema político, ya que son fundamentales para la ciudadanía.