El plan de saneamiento y depuración de aguas puesto en marcha entre los años 2001 y 2015 sufrió ayer un grave revés tras la difusión de la auditoría financiera que la Cámara de Cuentas de Aragón ha realizado a sus resultados del último ejercicio. Cuestiona su viabilidad, su rentabilidad, exige más control parlamentario en planes milmillonarios como este y duda de que el modelo público-privado que con tanto ahínco defendió el Gobierno PSOE-PAR fuera el más rentable.

Además, el informe alerta de que el «probable» incumplimiento este fin de año en las obras de depuración de interés general que deberían haberse incluido en las cabeceras de los ríos pirenaicos. Por tanto, se cuestiona un modelo que cada vez genera más oposición en los municipios pirenaicos. Por este incumplimiento podría nacer la obligación de reintegrar al Estado las cantidades recibidas en los ejercicios del 2008 a 2016 para la construcción, sobre todo, de depuradoras en las comarcas pirenaicas, que ascienden a 117 millones de euros.

IMPACTO

La Cámara de Cuentas ha presentado ante las Cortes de Aragón para su aprobación definitiva esta y otras salvedades después de analizar «en profundidad» la planta y estructura de la red de depuración de Aragón, construida desde comienzos de los años 90 y compuesta por 1.153 plantas, de las que a 31 de diciembre del 2015 solo estaban en servicio 255; y los escenarios financieros del Plan Aragonés de Saneamiento, que contemplan en el horizonte del 2015 unos gastos totales de más de 3.000 millones de euros que se prevén financiar con el ICA, cuya regulación y rendimiento, afectado por la incertidumbre de la incorporación de los contribuyentes de Zaragoza, también se revisan.

En este caso se estima un impacto económico de 543 millones si finalmente no se ingresa lo previsto, una circunstancia todavía dependiente de la discusión política.

Esta red de depuradoras fue uno de los proyectos estrella puestos en marcha durante la legislatura PSOE-PAR, aunque en el año analizado por la Cámara de Cuentas la gestión del mismo dependía del Ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi, también con el PAR como socio de Gobierno. Desde el comienzo ha recibido acusaciones de opacidad y de sobredimensionamiento en las plantas previstas para la depuración.

El órgano fiscalizador considera que las cuentas aportadas para el ejercicio 2015 expresan «en todos los aspectos significativos la imagen fiel» del patrimonio del IAA, pero se detiene especialmente incorrecciones, algunas, advierte, refleja un gran impacto en la cuenta auditada, como 350 millones de euros en activos del sistema de depuración no contabilizados en el balance.

SOBRECOSTES

La Cámara de Cuentas indica, además, que las obras de construcción y los servicios de explotación de las plantas de depuración en funcionamiento en el 2015 resultan un 25% más caras en los contratos de concesión, lo que supone un sobrecoste anual de 5 millones de euros. Esta constatación ya está sobre la mesa en el revisión del modelo que ha diseñado el actual Ejecutivo.

En este sentido, el organismo fiscalizador pone sobre la mesa que el IAA no tiene constituida provisión por responsabilidades para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada. El principal riesgo derivado de esta situación es el correspondiente al litigio en curso promovido por el concesionario de la zona río Aragón que pretende la rescisión del contrato y reclama 3,5 millones de euros de lucro cesante y 3,5 millones de gastos incurridos.

Además, señalan que en los próximos balances deberían evaluarse «las posibles responsabilidades» en las que puede incurrir el IAA ante las reclamaciones de los municipios de las comarcas pirenaicas que no cuentan con una depuradora por el retraso en la aplicación de los planes y que paradojicamnete han sido recientemente sancionados por la CHE por los vertidos realizados en condiciones inadecuadas. Estos casos todavía están pendientes de su trámite judicial.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

En cuanto a la revisión del cumplimiento de la legalidad, la Cámara de Cuentas autonómica concluye que las actividades realizadas, las operaciones presupuestarias y la información reflejada en las cuentas anuales resultan conformes «en todos los aspectos significativos» excepto por 16 salvedades relacionadas con incumplimientos de la normativa de morosidad, presupuestaria, de contratación y de gestión de subvenciones.

Otro elemento que ha despertado las sospechas y las incertidumbres del organismo fiscalizador es la recaudación de los impuestos de saneamiento, independientemente de la polémica con la capital. Tras el fin del contrato con las empresas que realizaban la gestión de este tributo, el cobro directo a través del IAA se ha encontrado con falta de «medios personales y materiales» y se ha externalizado mediante un contrato de servicios hasta el próximo 2019. En definitiva, por primera vez un informe oficial cuestiona el modelo que aplicar Aragón para tener todas sus aguas limpias.