Siguiendo la tendencia de llegar a acuerdos fuera de la casa consistorial, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, tiene previsto rubricar mañana con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), José Antonio Sánchez Quero, el convenio 2017-2019. Y en él, además de proporcionarle a la ciudad 9 millones de euros de inversión que irá dirigida a sus barrios rurales en los próximos tres años, se incluye como principal novedad el compromiso formal de la capital de abrir las puertas del ecovertedero a los 292 municipios de la provincia. Ahora solo son 61 los que lo hacen.
El acuerdo político, de envergadura por lo que esta decisión puede suponer para esas 231 localidades, incluye dos premisas fundamentales para la capital aragonesa: que le salga a coste cero a ella --en lo referente a la recogida y al transporte-- y que los consistorios interesados en verter su basura en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) lo hagan abonando «el coste efectivo» del servicio. Este último aspecto es lo que desatasca la negociación, ya que el convenio en sí solo establece este compromiso y nada más, pero las cifras son las que son y los 61 que ahora lo hacen pagan 17 euros por tonelada, no 30,8 como efectivamente cuesta.
SOLUCIÓN A DOS PROBLEMAS // Así que el compromiso político que Santisteve plasmará con su firma mañana abre las puertas a esos pueblos para dar solución a dos problemas realmente acuciantes para ellos. Por un lado, la normativa europea que obliga a partir del 2020 a reutilizar al menos el 50% de la materia orgánica. Por otro, los vertederos en los que ahora depositan su basura están en muchos casos al límite de su capacidad. Su vida útil, explicaron fuentes próximas a la negociación, está a punto de finalizar y es «de un año o menos».
De manera que Sánchez Quero mañana les proporciona una salida airosa. Porque cuando se cubra la capacidad de estos vertederos, estarían obligados a construir otro --con el consiguiente desembolso económico que representaría (en torno a 20 o 25 millones de euros). Y porque las prescripciones técnicas que establece Europa para estos almacenajes de residuos dejarían a los actuales en condiciones de incumplimiento. Es decir, o exponerse a una sanción o llevarlos al ecovertedero de Zaragoza.
Sea como fuera, hasta el 2020 tienen tiempo para decidir qué hacer ahora que la capital aragonesa les abre las puertas del CTRUZ de par en par. Queda por definir quién paga la jugada. Si lo hacen los ayuntamientos interesados, deben valorar cómo se elevará la factura anual que ahora asumen. Si la DPZ quiere cofinanciar el servicio deberá incluirse en el convenio marco que se firme. Pero eso ya corresponde a una negociación posterior, indicaron las fuentes consultadas. En todo caso, Zaragoza obtendría la única condición que había puesto al acuerdo: elevar el precio que ahora cobra para los nuevos que entren en el vertedero. Queda por saber si el intento del año pasado de encarecer el recibo de forma progresiva a los 61 que ya vierten su basura, se deberá actualizar de alguna manera en los próximos años.
DOS CONVENIOS MÁS // El tradicional convenio por obras y servicios entre el ayuntamiento de la capital y la DPZ da este año un salto de calidad también en otros dos aspectos relevantes. Dos convenios más regularán su coordinación en materia de extinción de incendios y de protección animal.
En el caso del primero, tras aportar la provincia un millón de euros para la construcción del nuevo parque de Bomberos de Casetas, se va regularizar la colaboración entre administraciones con una especie de protocolo en el que se fije la obligada colaboración en los fuegos que se declaren y que requiera de refuerzos (algo que ya se realiza) pero también la intervención rápida de la unidad más próxima al foco, pertenezca al consistorio o a la DPZ y a coste cero para ambas.
El otro convenio trata de dar solución a los problemas de capacidad de la perrera de la DPZ en Movera, que solo puede acoger a 20 animales. Con la firma de mañana, Santisteve se compromete a que, cuando esta cifra se supere, el consistorio abrirá las puertas del futuro centro de protección animal que se va a construir en el Polígono Empresarium. Y la DPZ se obliga a abonar el coste estipulado por este servicio.
