El consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné, recabó ayer las impresiones del Consejo de Protección de la Naturaleza (CPN) sobre su propuesta de elaborar un plan medioambiental del Ebro que diseñe actuaciones para evitar o paliar los efectos de una riada como la vivida en los últimos días en Aragón.

Boné y el presidente del citado consejo, Joaquín Guerrero, reconocieron que intentar compaginar los diferentes intereses que aparecen es difícil, pero no inalcanzable, en opinión del consejero. El debate sobre la necesidad o no de colocar motas, de drenar o limpiar cauces, de expropiar zonas de dominio público hidráulico o de actuar ante infraestructuras demasiado próximas al río suscita posturas muy dispares.

Por eso el consejero de Medio Ambiente quiere sentar a las partes --va a invitar a la Administración central en primera lugar-- para elaborar un plan que estudie las necesidades y determine las acciones. Con un condicionante claro: "Lo que afecta a las personas es prioritario. Si hay que adecuar cauces para salvaguardar a las personas, lo siento mucho...".

El presidente del CPN, Joaquín Guerrero, reclamó un estudio "serio y en profundidad" y abogó por respetar al río, algo que, dijo, "posiblemente no se está haciendo".

Hace siete años este consejo emitió un dictamen recomendando actuaciones como el deslinde del dominio público hidráulico o el control del urbanismo. El informe, que no ha tenido mucho eco, es --según Boné-- "un buen punto de partida" para la pretensión actual.