La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido nuevos cargos por el caso Santaliestra contra Benigno Blanco, exsecretario de Estado de Aguas y actual número dos del Ministerio de Fomento, contra Carlos Escartín, exdirector general de Obras Hidráulicas, y contra otros procesados. En la práctica, esto supone una petición adicional de pena de cuatro años de prisión, que se suma a la solicitud inicial de ocho años y seis meses de cárcel.
Blanco y Escartín son dos de los ochos exaltos cargos de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) imputados en la querella criminal presentada por el Ayuntamiento de Santaliestra por la tramitación de un embalse en ese municipio. En abril del año pasado se conoció la petición del fiscal (ocho años y seis meses de cárcel para Blanco y otros tantos para Escartín) y siete años de inhabilitación para el expresidente de la CHE Tomás Sancho. En un auto de 21 de mayo del 2002, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid decretó la apertura de juicio oral contra los tres y contra cinco más.
RECURSOS Dicho auto fue recurrido por el ayuntamiento y la Fiscalía y el pasado 5 de marzo la Audiencia Provincial de Madrid dictó un nuevo auto que, según informó ayer el consistorio, estima parcialmente la petición de la acusación y decreta que Blanco y Escartín sean también juzgados por infidelidad en la custodia de documentos, que se suma a los delitos ya señalados.
Así, hay una petición adicional para ambos procesados de una pena de cuatro años de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años. Esta solicitud se añade a la que planteó la Fiscalía en su escrito de conclusiones, que en el caso de Escartín y Blanco era de ocho años y seis meses de cárcel y diez de inhabilitación.
En opinión de Javier Mur, alcalde de Santaliestra, este hecho supone que los acusados, "bajo ningún concepto, se librarán de sentarse en el banquillo". Mur dijo: "Los indicios delictivos son tan serios que los tribunales sientan a todo un secretario de Estado".
Este proyecto de embalse está paralizado porque la Audiencia Nacional declaró nula la aprobación técnica definitiva, decisión recurrida por el Ministerio de Medio Ambiente.
