Varios de los compradores de viviendas de protección oficial (VPO) en las urbanizaciones Parque Goya I y II de Zaragoza han declarado ante la juez que instruye diligencias por un supuesto fraude en la venta de pisos que las empresas promotoras les han devuelto el dinero que presuntamente les cobraron de manera ilegal.
Hasta la fecha, 70 personas que habitan en pisos y unifamiliares de las urbanizaciones, situadas en la Margen Izquierda de la capital aragonesa, han pasado a prestar declaración ante la juez Natividad Rapún. La toma de declaraciones, iniciada a fines del mes de septiembre, aún se prolongará varios meses, dado que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 tiene previsto llamar a la totalidad de los adquirentes de viviendas, más de dos centenares.
Hasta la fecha, la mayoría de los compradores, citados a declarar en tandas de diez e incluso de veinte, había declarado que pagó por su vivienda la cantidad estipulada en la escritura.
Por ello, el hecho de que algunos de los declarantes hayan reconocido que han recibido cantidades supuestamente pagadas en dinero negro "arroja una pequeña luz", en palabras de una persona cercana al caso, en un asunto que se desveló en el otoño del año 2002.
En aquellas fechas, varios adjudicatarios de VPO denunciaron que las promotoras les habían pedido sobreprecios que oscilaban entre los 6.000 y los 30.000 euros (de uno a cinco millones de pesetas).
SOSPECHAS INICIALES Las sospechas recayeron entonces en varias cooperativas y promotoras e incluso en distintos particulares que, al parecer, revendieron sus viviendas antes del tiempo marcado por la ley y por sumas que excedían los límites fijados por la normativa.
Los hechos presuntamente delictivos fueron investigados inicialmente por los servicios técnicos de la DGA, que presentó sus conclusiones ante la Administración de Justicia por si las irregularidades detectadas constituían algún tipo de infracción penal.
La investigación judicial estuvo precedida por una fase de recopilación de datos sobre los ocupantes de las viviendas de protección oficial. Esta encuesta, llevada a cabo por agentes de la Policía, puso de manifiesto que un número indeterminado de pisos y unifamiliares presentaban problemas de orden administrativo.
Algunos de ellos se encontraban deshabitados, otros habían sido arrendados y no faltaban los que únicamente eran empleados durante el fin de semana, como si fueran segundas residencias.
