Piden 10 años de cárcel por un fraude con gasóleo agrícola

El fiscal pidió ayer penas que suman 10 años de cárcel y 31 millones de euros de multa para dos empresarios que fueron juzgados en Huesca por un presunto fraude fiscal de 3,9 millones de euros al desviar supuestamente gasóleo bonificado para agricultores hacia vehículos convencionales.

El ministerio público responsabilizó al empresario Vicente B. L., de 54 años y administrador de Interoil Internacional Petroleum Company, de crear una red de sociedades de compraventa de combustible para "enmarañar" una trama supuestamente orientada a la adquisición de gasóleo bonificado para usos agrícolas que fue destinado a otros fines.

Según la acusación, el combustible bonificado, suministrado al acusado por Shell, Oilinvest y Saroil tras obtener las tarjetas de autorización, fue desviado hacia otros puntos del país para su presunta manipulación de cara a su venta como gasóleo convencional de automoción.

El otro imputado es Diego G.U., de 68 años, acusado por el fiscal como presunto "cooperador necesario" del anterior imputado en las operaciones llevadas a cabo, entre los años 1997 y 1999, con el fin de no ingresar en las arcas de la Hacienda Pública el impuesto especial de hidrocarburos ni las anualidades correspondientes al IVA. Durante las vistas celebradas de este caso, que se reanudaron ayer tras dos suspensiones, Vicente B. L. afirmó desconocer las supuestas operaciones fraudulentas de Interoil y las otras sociedades.