El Gobierno aragonés "no aceptará de ninguna manera" que haya una valoración a la baja del coste efectivo de la transferencia de Justicia motivada por recortes de última hora en los gastos de esta Administración. Así lo aseguró ayer el vicepresidente de la DGA, José Angel Biel, quien ha solicitado al ministro, Juan Fernando López Aguilar, una entrevista para abordar esta negociación.
Como publicó este diario, los juzgados aragoneses tendrán menos vigilancia privada y peor dotada a partir de abril, tras una orden del Ministerio de Justicia para todo el país que llega en plena negociación de la transferencia de medios a diversas comunidades, Aragón entre ellas. Además, prevé suprimir las plazas dotadas pero no cubiertas. En opinión de los sindicatos, se trata de trampas a la Administración autonómica ahora que se está valorando el coste efectivo del traspaso.
La DGA no permitirá que maniobras de última hora supongan una valoración más baja de lo que cuesta la Administración de Justicia y estará vigilante, según garantizó Biel. El vicepresidente recordó que ya en los primeros traspasos de competencias existía cierta tendencia a "realizar movimientos de personal que redujeran el coste del servicio".
Biel insistió en que no se aceptará un traspaso mal dotado ni en su valoración económica ni en sus necesidades de inversión. De hecho, otro de los puntos calientes de esta negociación está en que Aragón defiende que las exigencias inversoras en las infraestructuras rondan los 18 millones de euros, cifra que Madrid no acaba de aceptar.
"Sería inconcebible que ahora se redujeran los costes. Si antes del traspaso ya los quieren rebajar, o se creen muy listos o piensan que somos muy tontos", indicó el dirigente aragonesista, que ha solicitado al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, una entrevista para analizar todos estos extremos.
Esta transferencia lleva retraso sobre las previsiones iniciales, que hablaban --incluso-- de que Aragón gestionara estos medios en el 2004.
