La factura del AVE sigue creciendo. El Gobierno español se verá obligado a devolver a Bruselas una parte de las ayudas europeas recibidas por la construcción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Lleida. El Ejecutivo comunitario no está dispuesto a pagar la factura que corresponde a los incrementos de coste, según indicaron ayer fuentes de la Dirección de Política Regional de la Comisión Europea.
Las auditorías de control que realiza regularmente el Ejecutivo comunitario sobre los proyectos cofinanciados con fondos de la UE ha revelado que la construcción del AVE entre Madrid y Lleida incurrió en una serie de costes hasta el 2004, durante el Gobierno del PP, que no entraban dentro de la categoría de gastos subvencionables por parte de las instituciones comunitarias.
Esos gastos no subvencionables son fundamentalmente incrementos de costes, que se incluyeron en modificaciones posteriores de los proyectos o cuya petición de inclusión se presentó ya fuera de plazo, según la Comisión Europea. "En ningún caso se trata de fraudes o de malversación de fondos públicos", insistió el Ejecutivo comunitario. "Es un fenómeno corriente que ocurre en los proyectos de infraestructuras en todos los países europeos", aseguró la Comisión Europea.
El importe de esos gastos que no tenían derecho a cofinanciación comunitaria podría situarse alrededor de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas), según fuentes de la Dirección de Política Regional de la UE. "La cifra se está discutiendo en estos momentos con las autoridades españolas", explicaron las citadas fuentes. La cantidad final, añadieron, podría ser incluso inferior a esos 30 millones.
La subvención que podría verse obligada a devolver finalmente España podría oscilar entre 15 y 22 millones de euros, si todas las subvenciones ya han sido abonadas por la Unión Europea.
