Una empresa de seguridad radicada en la localidad oscense de Binéfar, Proytecsa, SL, se encarga de la instalación de los sistemas de detección en la valla que se está levantando en el enclave español de Melilla para evitar el paso masivo de inmigrantes ilegales.

Por el momento, los trabajos se centran en completar la valla en todo el contorno de la ciudad y en elevar de tres a seis metros su altura en los puntos en que ya existía una barrera de protección que sigue el trazado de la frontera de España con Marruecos.

"La instalación de los elementos de seguridad activa y pasiva se llevará a cabo tan pronto como termine la construcción de la valla", indicaron ayer fuentes del Ministerio del Interior. Sin embargo, el departamento que dirige José Antonio Alonso se negó a facilitar datos sobre las características técnicas de la valla, alegando que "se trata de un asunto que atañe a la seguridad del Estado".

ASALTOS MASIVOS El proyecto de elevación de la valla entre Melilla y el territorio marroquí abarca algo más de 10 kilómetros. Los trabajos se iniciaron a finales del pasado verano como respuesta a los asaltos masivos que se vienen registrando a la frontera hispanomarroquí por parte de grupos muy numerosos de subsaharianos que pretenden entrar en Europa a través del enclave español en el norte de África.

Los inmigrantes se esconden en los bosques próximos a los puntos más vulnerables de la valla, que empezó a reforzarse en el 2004, y aprovechan las horas nocturnas para pasar clandestinamente a España utilizando rústicas escaleras fabricadas por ellos mismos. En uno de los asaltos más multitudinarios tomaron parte 500 inmigrantes.

El incidente más grave tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de octubre del pasado año, cuando seis subsaharianos murieron tiroteados en el lado marroquí de la valla de Melilla al intentar entrar en territorio español. Todos los indicios apuntaban a que la Policía del país alauita abrió fuego contra ellos para tratar de impedirles el paso.

Los continuos asaltos de que era objeto la valla llevaron al Gobierno español a movilizar en septiembre al Ejército, que aportó 500 hombres a la vigilancia de la frontera, una labor que es competencia de la Guardia Civil. Los militares se replegaron en el mes de diciembre del 2005, cuando la situación empezó a normalizarse.