El consumo de pornografía infantil apenas estaba contemplado como delito en el Código Penal hasta hace un año, pese al amplio reproche social que conlleva. En la actualidad, las penas que se aplican consisten en meses multa e incluso un máximo de un año de cárcel, lo que no implica el ingreso efectivo en prisión. El problema se ha extendido en los últimos años mediante la difusión de imágenes y películas en la red. Solo en los dos últimos meses, la Policía y la Guardia Civil han detenido en España a más de un centenar de personas por su implicación en diversas redes. El pasado mes de octubre se efectuó la mayor actuación realizada hasta ahora contra este delito en España, operación Santiago, que se saldó con la detención de 30 personas en doce comunidades autónomas --otras 41 fueron imputadas-- por distribuir material de contenido pedófilo a través de internet. Asimismo, el pasado martes se difundieron los resultados de otra investigación, operación Bea, en la que se arrestó a otros 13 sospechosos por el mismo motivo. Ayer mismo, mientras se tramitaban diligencias contra los dos detenidos en Zaragoza, se investigaba en esta capital otra red de pederastas a instancias de un juzgado de Córdoba.
