La mayoría de las comunidades autónomas consideraron un "avance" el aumento de la autonomía financiera y la equidad en el acceso a los servicios públicos que se derivan del nuevo modelo de financiación presentado hoy por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, aunque criticaron que aún faltan aspectos por concretar. El más crítico fue el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, pues a su juicio el documento no aporta "ni cifras, ni cuantías, ni porcentajes" en asuntos clave como la nivelación de los servicios básicos.

En una de las comunidades gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana, su secretario de Economía, José Manuel Vela, opinó que el documento se ha presentado "quizá con precipitación", aunque admitió que el nuevo modelo recoge algunas de las "legítimas peticiones" de la Generalitat, como que se prime la variable poblacional, se eliminen las modulaciones y se suavicen las diferencias de financiación per cápita, un aspecto que la mayoría de las comunidades calificaron como positivo y solidario y que cuestionó Cataluña.

Sin embargo, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, insistió en que falta por saber si la distribución per cápita va a ser la misma para las comunidades ricas que para las más pobres como la murciana, y si se hará frente al reconocimiento de deuda.

La equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales también fue valorada por la vicepresidenta y responsable de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, quien ve con buenos ojos que se incluyan variables como la superficie territorial, el incremento, la dispersión o el envejecimiento de la población, factores que también responden a la demanda de Aragón, Cantabria, Asturias y Galicia, entre otras.

Además, el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, subrayó que, una vez se tengan en cuenta las distintas ponderaciones, también habrá "recursos adicionales" para políticas de normalización lingüística.

Entre los detractores del documento están Canarias y uno de los más entusiastas es Andalucía. La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien consideró que además de ser "incompleto" es "un fiel reflejo del Estatuto de Cataluña". Madrid y La Rioja aún no han hecho una valoración oficial.