La falta de ayudas de las administraciones públicas está lastrando la actividad de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (Asza), que no tiene capacidad económica para contratar a más intérpretes de la lengua de signos, un servicio que la entidad ofrece a sus asociados para situaciones como una urgencia sanitaria y que no es proporcionado por el Gobierno de Aragón.
De hecho, indicaron ayer, durante el 2009 el porcentaje de servicios que no se pudo atender aumentó en un 35% respecto al año 2008. Durante el año 2008 se contabilizaron 11.450 actuaciones, mientras que en el 2009 se realizaron 10.561, es decir, 889 servicios menos. "Desde la agrupación no podemos cubrir todas las demandas y necesidades de las personas sordas usuarias de este servicio", indicó Loreto Zapater, coordinadora del Departamento de Intérpretes de Lengua de Signos Española y Guías-Intérpretes de la entidad.
En estos momentos, la entidad cuenta con siete intérpretes de oficina para la atención a usuarios, seis de ellos se encuentran en Zaragoza y uno en Huesca. Estos profesionales deben cubrir todas las demandas, tanto de personas sordas como de entidades públicas o privadas, servicios presenciales en jornadas, cursos, conferencias, así como servicios telefónicos.
"Las prestaciones económicas que recibimos impiden realizar más contrataciones y que las personas sordas puedan disponer de intérprete para realizar gestiones, entre las que se encuentran la asistencia médica, entre otros servicios", aseguró Jesús Carlos Laiglesia, presidente de la agrupación.
LA CRÍTICA "La situación nos desborda y es preocupante porque no podemos atender a nuestros usuarios. Volvemos a ser ciudadanos de segunda categoría ya que nos encontramos en un retroceso continuo que está afectando a una parte de la población que le limita su acceso a la información y, por consiguiente, su participación en la sociedad en igualdad de condiciones", lamentó Laiglesia.
Según informaron desde Asza, en estos momentos existen cuatro normativas que amparan y garantizan la igualdad de oportunidades, que promueven la enseñanza y el uso de la lengua de signos y defiende los derechos de las personas con discapacidad. "No estamos haciendo un llamamiento a la voluntad política, exigimos el cumplimiento de las leyes", insistió el presidente del colectivo, recordando la normativa sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el Estatuto aragonés y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
