La plataforma logística Plaza se ha personado en la Operación Minas como posible perjudicada por las supuestas corruptelas de un grupo de funcionarios del Departamento de Industria que la propia DGA llevó a Fiscalía y que investiga el juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, explicaron fuentes de la compañía.
Plaza, empresa pública de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, está inmersa en varios pleitos relacionados con concesiones, permisos de investigación minera e informes elaborados por funcionarios investigados y por asuntos vinculados con operaciones en las que intervinieron compañías bajo sospecha. Todos ellos afectan a expedientes de expropiación de los terrenos sobre los que se asienta el complejo.
Uno de esos procedimientos versa sobre la indemnización que debe recibir Hanson Hispania por la expropiación de la explotación minera conocida como Margalejo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha resuelto que la empresa debe ser resarcida por el valor de 199.500 metros cúbicos --399.000 toneladas-- de mineral que no pudo explotar, lo que a precios de mercado supone entre 2,2 y 3,9 millones de euros aunque los responsables de Plaza sostienen que su precio no alcanza el medio millón de euros.
Plaza ha recurrido esa sentencia ante el Supremo, al que ha pedido que paralice la causa hasta que concluya la tramitación judicial de la Operación Minas, por si su resultado revela alguna irregularidad en la tramitación de los expedientes de expropiación. La plataforma ha participado en 22 pleitos por la adquisición de los terrenos, de los que ha ganado 15 mientras otros siete siguen vivos.
INFORMES Otro informe elaborado por el Servicio de Minas de Zaragoza conllevó el pago de una indemnización de tres millones por otra parcela expropiada.
Por otro lado, el Supremo ratificó hace unas semanas una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obliga a la DGA a extraer del expediente de expropiación de la concesión minera de Hanson un informe realizado por uno de los funcionarios investigados en el caso Minas y a calcular de nuevo el justiprecio.
Otro de los pleitos abiertos gira en torno a la validez del permiso de prospección para buscar minerales en un área de 768 hectáreas de Zaragoza, Utebo y Sobradiel que la DGA concedió a principios de la pasada década a Contrayer --dos de sus propietarios figuran en las diligencias de la Operación Minas-- y que esta empresa vendió a Excavaciones Grasa. El expediente comenzó en 1996, y en el 2008 el entonces consejero de Industria, Arturo Aliaga, declaró su caducidad por la inconcreción del plan de restauración. El TSJA lo considera válido y conminó a la DGA, que ha llevado el caso al Supremo, a resolverlo.
