Mario Garcés, titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública. anunció ayer que el Gobierno de Aragón no asumirá el Plan Red. Al menos no con los tres tramos que computarán en la deuda de la comunidad autónoma. El Ejecutivo deberá negociar con las concesionarias para alcanzar un acuerdo que permita dar marcha atrás, sin que eso suponga un desembolso, por las consiguientes indemnizaciones a las empresas.

Así lo anunció ayer el consejero, que se ha puesto ya manos a la obra en su departamento. Garcés reconoció que ahora mismo los tres principales problemas que debe afrontar la deuda no reconocida por el anterior Ejecutivo, que asciende a unos 250 millones de euros por el gasto farmacéutico; reestructurar la corporación de empresas públicas --reduciéndolas-- y finiquitar el Plan Red.

Garcés calificó de "problema muy grave" este proyecto que apadrinó el PSOE, pero también su actual socio, el PAR, que de momento no se ha pronunciado al respecto. El plan de carreteras, explicó, se estudiará con el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón. Pero insistió en que la comunidad "no puede asumir" el déficit que supondría imputar la ejecución de tres sectores a las cuentas públicas. De ejecutarse, supondría computar 200 millones de euros de deuda hasta el 2014, a razón de 50 por año.

CUMPLIR EL DÉFICIT Una situación que según Garcés dificultaría, y mucho, cumplir con los compromisos de déficit que las comunidades autónomas tienen contraídos con el Estado. El consejero, sin embargo, evitó criticar políticamente el proyecto. Para no incomodar al PAR. Se limitó dejar claro que hablará con las adjudicatarias, y que los tres tramos no se harán. "Vamos a sentarnos con ellas, para analizarlo y ver qué consecuencias tiene". Aunque se resistió a especificarlas. Entre otras cosas porque el objetivo del consejero es que la decisión no tenga consecuencias económicas para las arcas de la comunidad.

Del resto de tramos no dijo nada. Pero el PP ha criticado con dureza el Plan Red en la última legislatura precisamente porque consideraba que hipotecaba al nuevo Gobierno. Pero a estas alturas difícilmente se podrá finiquitar todo el proyecto porque ya está lanzado. Alfonso Vicente, ex consejero de Obras Públicas del Ejecutivo socialista, fue el encargado de defender el plan: "Hemos estado trabajando en él durante tres años y hay muchas empresas implicadas. Lo primero que se debe hacer es analizarlo y pensar qué es lo que quieren hacer", dijo.

Vicente indicó que esos tres sectores suman unos 200 millones de euros a invertir en cuatro años --del 2011 al 2014--, lo que significa unos 50 millones anuales que tendrán que computar como deuda. Eso supone un 10% de la deuda que se toma en cada ejercicio en Aragón, que ronda los 500 millones de euros. Y quitó hierro a este hecho, puesto que supone el 1% del presupuesto global de la comunidad, de unos 5.000 millones, algo que es "perfectamente asumible". Además, lamentó la pérdida de puestos de trabajo que supondrá la rescisión de los contratos con las concesionarias de los tres sectores.

Mucho más expeditivo se mostró el anterior director general de Carreteras, Antonio Ruspira (PAR). Hace solo unos meses tenía a gala ser el ideólogo del Plan Red, al que puso como ejemplo de una buena gestión y de una efectiva colaboración público-privada. "Es la cuadratura del círculo. Todo son ventajas", llegó a decir. Pero ayer eludió pronunciarse sobre las palabras de Garcés. "Desde el 15 de abril dejé de tener responsabilidades en el Gobierno de Aragón", zanjó.