La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, se ha desmarcado de sus colegas de Madrid y Castilla-La Mancha, sus compañeras de partido Esperanza Aguirre y Dolores de Cospedal --esta última secretaria general de los conservadores--, que en los últimos días se han mostrado decididas a devolver al Gobierno central las competencias en materia de medios materiales y humanos de la Administración de Justicia. "En Aragón no tenemos ninguna intención de devolverlas", señalaron ayer fuentes de la Presidencia, que anotaron que el nuevo Ejecutivo autonómico no se ha planteado en ningún momento una renuncia de ese tipo.
Las mismas fuentes señalaron que, por el contrario, la agilización de la administración de justicia es una de las "apuestas estratégicas" del programa de Rudi dentro de la reforma de la Administración pública, una de las palancas con las que pretende estimular la recuperación económica --la actividad judicial supera el 1% del PIB español--.
Por otro lado, la DGA ha efectuado fuertes inversiones en este sector en los menos de cuatro años que lleva ejerciendo la competencia, y una renuncia conllevaría su pérdida.
La Consejería de Política Territorial invirtió la pasada legislatura casi nueve millones de euros en las obras de ampliación del edificio del Tribunal Superior y la Audiencia de Zaragoza, y destinó varios millones más a reformar y construir sedes judiciales en el territorio y en el Palacio de Justicia de Teruel. También tiene en marcha los trámites para levantar la sede judicial de Huesca ciudad, presupuestada en 19 millones.
JUSTICIA GRATUITA El responsable del ramo en el nuevo Ejecutivo, el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, se mostró el pasado sábado, tras tomar posesión del cargo, partidario de mantener la línea de actuación de los anteriores gestores --José María Bescós y José Borrás, con Rogelio Silva como consejero-- y poner en marcha la llamada nueva oficina judicial, una reestructuración del personal y sus funciones que los operadores judiciales --jueces, fiscales, secretarios, abogados y procuradores-- consideran imprescindible para superar la actual situación de saturación de los juzgados.
Sin embargo, falta por sentar en la mesa de negociación dos piezas clave: la junta de personal y los sindicatos, que todavía no conocen oficialmente de qué medidas y sistemas de trabajo se trata.
La otra patata caliente de la legislatura en materia de Justicia llegará a la DGA desde los colegios de abogados. Será a cuenta de la financiación del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita, dos servicios cuya factura --más de cuatro millones el año pasado-- crece año tras año al haber disparado la crisis el número de ciudadanos que tienen derecho a su prestación. El pago del turno de oficio es uno de los motivos que han llevado a Aguirre a plantearse la devolución de la competencia al Gobierno central.
