El nuevo mapa político español resultante de las elecciones del 22 de mayo tiene hoy su primera prueba de fuego en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que congregará mañana en Madrid a un Gobierno central dirigido por el PSOE y que estará en franca minoría, ya que se sentará a negociar con 11 consejeros autonómicos del PP de los 15 presentes.
Y todos ellos irán con una postura común: la de solicitar al Estado un aplazamiento de la devolución de los anticipos a cuenta. En el caso de Aragón, que estará representada por vez primera por el consejero de Hacienda, Mario Garcés, esta deuda asciende a 721 millones de euros, debido a un cálculo equivocado del Gobierno central a la hora de transferir capital a las comunidades autónomas. Estas transferencias se entregan en función de las estimaciones de recaudación de impuestos. Y estas fueron más optimistas de lo que luego marcó la realidad, a causa de la crisis económica. El Gobierno central consideró que se crecería más de lo que finalmente se hizo y eso produjo el desfase en las previsiones. Al pagarse mediante anticipos, ahora surge este problema, que para algunos es una forma de cuestionar el modelo autonómico.
Ahora las comunidades autónomas deben devolver esas cantidades, cuya cifra global asciende a 19.000 millones de euros. El problema es que la gran mayoría, por no decir todas, no disponen actualmente de liquidez suficiente para afrontar esta devolución. El Ministerio de Economía permite devolverlas en plazos durante cinco años. Considera que es un tiempo más que razonable y no está por la labor de aceptar la propuesta de los populares, que fue tomada ayer en una reunión conjunta con su presidente nacional, Mariano Rajoy.
TECHO DE GASTO Ahora, con un nuevo panorama político, las comunidades del PP solicitarán su aplazamiento. Esto ya había surgido en anteriores Consejos de Política Fiscal y Financiera, pero el órdago mayor será durante la reunión de hoy, en la que también se debatirá la propuesta de aplicar un techo de gasto a las comunidades autónomas. En este caso hay menos diferencias, puesto que las comunidades del PP son conscientes --y así lo llevaban en sus programas electorales-- de que había que recortar el gasto en las comunidades autónomas.
En este sentido, y según informó Efe, Rudi se refirió a este debate de contención presupuestaria y la fijación de límites recordando su compromiso de llevar a las Cortes un proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que establezca límites, como anunció en su discurso de investidura. No obstante, aseguró que "habrá que esperar" a presentarlo "hasta que no salgan las cifras definitivas" de déficit que el Gobierno quiere imponer a las comunidades.
