El Ayuntamiento de Zaragoza deberá devolverle al Gobierno central unos 70 millones de euros por la liquidación del 2009, por la diferencia entre lo que el Estado dio a cuenta en ese ejercicio y lo que finalmente se recaudó en los impuestos. El descenso tan drástico en los ingresos afecta directamente a estos tributos y la caída tan pronunciada en la tasa de crecimiento provocó un desajuste entre las previsiones y los resultados definitivos que ahora pasará factura a todos los ayuntamientos.

La cifra la apuntó el vicealcalde de Zaragoza y responsable municipal de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, durante el pleno extraordinario celebrado ayer, en el que también indicó que deberá retornarse esta cuantía a Madrid en cinco anualidades a partir del 2012. Serán 14 millones al año los que devolver al Gobierno hasta 2016, que se sumarán a los más de cuatro que ya se están pagando por la liquidación del 2008, que ya se cerró el año pasado con 22 millones a retornar al Ejecutivo central.

Esta estimación la lanzó Gimeno cuando se está hablando de los más de 900 millones que el Estado reclama al Gobierno de Aragón y antes de celebrarse ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, en el que se iba a abordar esta cuestión.

A los ayuntamientos, según el vicealcalde, les tocará el mes que viene. Será entonces cuando el Gobierno les notificará la cifra con la que se salda esta liquidación del ejercicio 2009, aunque estará obligado a pagar a partir del próximo año. Para Gimeno, el importe es "consecuencia de la disminución drástica de los ingresos" y de haber pasado "de una tasa de crecimiento del 7% y 8% a la del 3% en negativo". Una tendencia que se agravó hace dos años y por eso la diferencia casi triplica a la del 2008.

Pero el responsable de Economía y Hacienda aprovechó la tesitura para lanzar un mensaje al principal partido de la oposición, el Partido Popular, para que defienda en un futuro próximo la misma demora en el pago, para retornar esta cuantía en diez años y no en cinco, como está planteando su formación en las comunidades donde gobierna.

Y también hizo especial hincapié en otra petición expresa del PP: la delimitación de las competencias. En este sentido, recordó que al Ayuntamiento de Zaragoza "le vendría muy bien" que se hiciera con aquellos servicios que está prestando el consistorio sin recibir por parte de la comunidad autónoma la financiación necesaria para mantenerlos, las llamadas competencias impropias de las que la DGA apenas cubre el 10% del coste que generan.