El PAR se desmarcó ayer del PP en cuanto a las restricciones que se impondrán a los inmigrantes ilegales en el acceso a la asistencia sanitaria, a la que únicamente podrán optar a través del pago de una cuota de alrededor de 700 euros al año.
El portavoz del PAR en la Comisión de Sanidad, Manu Blasco, recordó que "el Estatuto de Autonomía de Aragón marca una línea a la que hay que ceñirse y que no podemos ignorar, al reconocer que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud".
Por ello, Blasco apeló a la necesidad de recurrir a cierto grado de flexibilidad a la hora de establecer la atención a este colectivo. "A la hora de regular las condiciones concretas de acceso a los servicios, hay que ser muy cuidadosos y convendría fijar un marco flexible en el que se pueda analizar caso a caso, situación a situación, para que todos los residentes en la comunidad autónoma aragonesa tengan atendidas las necesidades básicas, y se encuentren soluciones para las situaciones más complejas", expuso Blasco.
El portavoz del PAR dejó claro que "no hay que premiar o incentivar la inmigración ilegal", pero reiteró que "hay que ser cuidadosos con las circunstancias concretas particulares de cada caso".
Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se emplaza a la recepción de un "documento oficial" para valorar la decisión del ministerio de imponer una cuota, a través de una especie de pólizas, que deberá pagar cualquier inmigrante sin papeles y también cualquier europeo que quiera hacer uso de la asistencia sanitaria pública, a partir del próximo mes. Sin embargo, el PAR vuelve a discrepar con su socio de gobierno, lo que evidencia las diferencias existentes entre ellos.
