La ley actual elimina el catalán y --en una aberración académica-- delimita dos zonas de hablantes además de la castellana. Una, "de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica de la comunidad autónoma, con sus modalidades lingüísticas". Otra, en la que se habla de "la lengua aragonesa propia del área oriental de la Comunidad autónoma con sus modalidades lingüísticas". Es decir, el catalán es ahora "aragonés oriental". Si la ley todavía vigente --aunque sin desarrollar en el 95% de su articulado-- reconocía la existencia de un consejo consultivo llamado Consejo Superior de Lenguas y la creación de dos academias para velar por el aragonés y el catalán de Aragón, la ley que aprobarán el jueves el PP y el PAR solo admite una autoridad lingüística, en su artículo 7: "Se crea la Academia Aragonesa de la Lengua como institución científica oficial en el ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias". Por otro lado, los integrantes de esta academia serán diez personas, cinco designadas por las Cortes y otras cinco por el Gobierno de Aragón. Si bien no hay censos fiables, se estima que unas 10.000 personas conocen o hablan el aragonés --en franco retroceso-- y unas 60.000 el catalán de Aragón.
