La mina de Borobia tensa la relación entre Aragón y la Junta de Castilla y León

La reciente aprobación, por parte de la Junta de Castilla y León, del proyecto de explotación de una mina de magnesita en la localidad soriana de Borobia, al sur del Parque Natural del Moncayo, ha disparado de nuevo todas las alarmas en las zonas limítrofes de Aragón, donde existe una fuerte oposición al proyecto.

El término de Borobia hace frontera con la provincia de Zaragoza y se asienta sobre acuíferos de los que se nutren cuatro ríos que desembocan en el Jalón: el Manubles, el Ribota, el Aranda y el Isuela. Y existe mucho miedo en los pueblos ribereños aragoneses a que la actividad minera pueda contaminar unas aguas que se utilizan para la agricultura, la ganadería y el consumo de boca.

Más allá del rechazo popular, el proyecto, presentado por Magnesitas y Dolomías de Borobia SL, despierta tantas dudas en el terreno ecológico, que incluso las instituciones aragonesas han tomado cartas en el asunto. Las Cortes, por un lado, y el Gobierno de la comunidad, por otro, se han pronunciado ya en contra de excavar el subsuelo de la sierra de Tablado, a 1.700 metros de altitud, donde se encuentra un yacimiento de magnesita con una extensión inicial de 480 hectáreas. La DGA ha dado un paso más y, a iniciativa del consejero Modesto Lobón, hace tres semanas la institución presentó un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta castellana.

DESDE HACE CASI 10 AÑOS La apertura de una mina de magnesita en Borobia es un plan que se remonta al 2000 y que, tras casi caer en el olvido por la oposición que encontró, vuelve a estar de plena actualidad por el apoyo que ha decidido brindarle el Gobierno regional castellano. "Estamos dispuestos a ir a Bruselas, pero todas nuestras esperanzas están depositadas en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que tiene la última palabra y no va a permitir que el nivel freático se vea afectado por la mina", señala Mariano Sanjuán, alcalde del pueblo de Purujosa.

De momento, la CHE no se ha pronunciado claramente sobre el proyecto. "Nuestra postura es que, antes de tomar cualquier decisión, es necesario completar la documentación que hemos requerido a la empresa que desea explotar el yacimiento", declaró hace unos días Xavier de Pedro, presidente de la Confederación. "Cuando hayamos recibido esos documentos, sabremos si hay una afección significativa y con perjuicio para terceros en los acuíferos y podremos pronunciarnos", añadió.

Sin embargo, dejó claro que "existe un conflicto en materia de medio ambiente entre el Gobierno de Aragón y la Junta de Castilla y León que debe resolverse", como tiene que aclararse también la cuestión de la declaración de impacto ambiental. La realizada por la empresa, que no tiene en cuenta los efectos en Aragón, dio vía verde a la iniciativa, pero tuvo que ser subsanada por un defecto de forma y ha recibido centenares de alegaciones.

"INSEGURIDAD JURÍDICA" A corto plazo, los afectados por el proyecto disponen de un mes (que se agota) para presentar recursos, algo que ya están haciendo. "La decisión de la Junta crea una tremenda inseguridad jurídica", asegura Anunciación Crespo, concejala por el Partido Castellanista en Borobia y miembro de la Coordinadora de Municipios Afectados que han creado las localidades perjudicadas.

"Existe un grave problema de base, y es que la mina se extenderá sobre 480 hectáreas y el estudio de impacto ambiental de la empresa se ha hecho sobre una zona de 80 hectáreas", apunta Crespo.

Quienes están a favor de la mina de magnesita replican que esta industria generará más de 300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en una zona rural castigada por la despoblación y la falta de actividades que generen riqueza.

Crespo sostiene, en cambio, que los beneficios de la mina, "en el supuesto de que se creen los puestos de trabajo que dicen", no son nada en comparación con los males que engendrará su explotación. "Las voladuras para la extracción del mineral afectarán a los acuíferos, contaminarán los ríos que descienden hacia el Jalón y contaminarán un extenso territorio aragonés y castellano donde se asientan 30 poblaciones", subraya. Además, dice, privará a los vecinos de Borobia de unas tierras de cultivo esenciales para la economía local.

Ella también confía en que la CHE pare la marcha del proyecto. "Ahora", dice, "la pelota está en Aragón y si la Confederación no autoriza la mina, esta no se llevará a efecto".

En realidad, la mina es un problema fronterizo. Siempre en la raya entre Castilla y Aragón, Borobia fue escenario de batallas en tiempos medievales entre ambos reinos. Y ahora, de los 30 pueblos afectados por el proyecto, la mayoría está en Aragón, a la orilla de los ríos que, de forma más o menos directa, tienen su origen en la sierra de Tablado.

Lo sabe muy bien Ana Villar, alcaldesa de Villalengua, un municipio zaragozano situado junto al río Manubles, que tiene su nacedero en el paraje elegido para perforar la tierra. "Nos oponemos al proyecto", subraya. "Unos informes que elaboró la Universidad de Zaragoza dicen que, con la mina en explotación, bajará el caudal del agua y su calidad, tanto para la agricultura como para el consumo humano".

Y Villalengua no puede permitirse que se toque su recurso más importante: la fruticultura. "En toda la cuenca del Manubles vivimos de la fruta y ahora, con el paro, ha habido gente joven que vivía en Zaragoza que ha vuelto a la casa de sus padres para seguir con la tierra", explica Villar. Por ello, para los vecinos de la zona existe un insoluble dilema entre la mina y el agua que les da sustento.