Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de la capital aragonesa ha condenad a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda a readmitir a dos trabajadoras que fueron despedidas en diciembre del año pasado tras haber encadenado contratos. Las dos mujeres se reincorporarán a su puesto el lunes.
Las demandantes, que tenían contrato de obra, perdieron su empleo junto a otros doce trabajadores formalmente eventuales que habían sido contratados bajo el paraguas de un convenio con el Gobierno de Aragón, a cuya extinción se aferró el consistorio para justificar los despidos. El resto está pendiente de su propia resolución judicial.
La sentencia acredita que las empleadas fueron objeto de una concatenación de contratos que, aunque se firmaron para la ejecución de distintos convenios, eran para desempeñar "el mismo puesto de trabajo". Por ello, el juzgado califica la condición de las trabajadoras de "indefinida de carácter no fijo", y califica su despido como improcedente.
Además, la sentencia declara la nulidad del cese porque la sociedad municipal tenía que haber seguido los trámites del despido colectivo al afectar los despidos a un total de catorce empleados.
El mismo día fueron cesados ocho más, contratados para la ejecución del mismo convenio. "Siendo diez las extinciones" que Zaragoza Vivienda "llevó a cabo en el mismo día, debió acudir a los trámites del despido colectivo", lo que "determina la nulidad", señala la sentencia.
Pese a la resolución, desde el Ayuntamiento de Zaragoza insisten en que el convenio suscrito con la DGA para la gestión de la demanda de vivienda protegida, de la renta de emancipación para jóvenes y de la bolsa de pisos para alquiler, había dejado de estar vigente.
Sin embargo, en la sentencia puede leerse que "el objeto de dicho convenio fue ampliado mediante adenda al mismo", suscrita el 26 de junio del 2012, "para incluir la colaboración de ambas instituciones en programas de asesoramiento y mediación en deuda hipotecaria y gestión de viviendas de entidades bancarias y promotores".
Además, añade, el pasado 7 de marzo ayuntamiento y DGA suscribieron otro convenio para seguir gestionando a través de Zaragoza Vivienda estas tareas.
El juzgado ordena "la inmediata readmisión" de las dos trabajadoras "con abono de los salarios dejados de percibir".
