El exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, también afrontará la fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros en el caso saqueo. El juez Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, le ha incluído como responsable de un pago junto a los otros tres imputados en la causa, el exgerente Ricardo García Becerril, el exconsejero delegado de la plataforma logística, Carlos Escó, y el máximo accionista del Real Zaragoza SAD, Agapito Iglesias.

Según adelantó Aragón Digital, Picazo ha citado a Pérez el próximo martes, a las 9.30 horas, para comunicarle su responsabilidad en el pago. El juez abrió la pieza para cubrir los posibles pagos derivados del proceso en el que investiga un presunto conchabeo entre los imputados para repartirse unos 14 millones de sobreprecio en la construcción de unas naves en el polígono, encargadas a Codesport, empresa del magnate soriano.

Según se ha desprendido hasta el momento de los testimonios, el cambio de proyecto --inicialmente era de más de 17 millones menos de los que costó-- y los pagarés con los que se abonó la deuda con Iglesias no pasaron por el consejo de administración de la plataforma logística. Escó y García Becerril, encargados de ilustrar a los consejeros sobre las operaciones más significativas, no les señalaron este pago, según coincidieron los excomponentes del órgano interrogados por Picazo.

En cualquier caso, los hasta ahora responsables de la fianza tampoco han abonado su parte --que en principio se vería ahora reducida--, y el juzgado está en trámites de averiguación de bienes para embargar los que cubran esta responsabilidad. Algo especialmente complejo en el caso del exgerente, que ya ha visto parte de sus bienes embargados como imputado en el caso saqueo, la causa principal de las derivadas penales de Plaza.

VOLUNTARIO Precisamente en esta causa principal, el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha recibido una solicitud de comparecencia voluntaria del empresario Miguel Cantero Molés, uno de los imputados, que inicialmente se desvinculó de la trama pero al que otros empresarios han señalado en sus interrogatorios como intermediario con García Becerril, con el que al parecer le unía una gran amistad. El empresario Enrique Hernández, dueño de Hernández Langa y también imputado, aseguró que le pagaba comisiones del 66% por algunas obras, ajenas a la plataforma logística pero a través de la UTE liderada por Acciona.

El juez, Juan Ignacio Martínez, le habría remitido una providencia para que aclare qué es lo que quiere explicar.