El informe en el que se basa el Ayuntamiento de Zaragoza para rechazar el requerimiento de Delegación del Gobierno para que no pague la extra a sus empleados cita hasta once sentencias diferentes que avalan la tesis municipal. Es decir, el abono de la parte proporcional de esta retribución --un total de 44 días-- hasta que entró en vigor el decreto ley. Y apela a la situación de "agravio comparativo" que se crearía, dado que otras instituciones como las Cortes habrían pagado ya estas cuantías "sin que se haya presentado requerimiento de nulidad alguno".
Estas son las conclusiones del documento, elaborado por los técnicos municipales, en el que se rechaza cumplir el requerimiento del delegado para que se anule el acuerdo adoptado por el Gobierno el pasado 13 de marzo. El texto incluye la referencia a cuatro sentencias de los juzgados del contencioso-administrativo y otras siete del ámbito social, que avalan el pago de la parte proporcional de la extra en diferentes instituciones del ámbito nacional.
El informe cita también el propio informe de la Defensora del Pueblo, que pidió que se interprestase el real decreto "de acuerdo a la doctrina constitucional", restringiendo su aplicación "a la cuantía no devengada de la misma referida al momento en que se publicó la medida".
También hace referencia a que la anulación del acuerdo municipal supondría la "vulneración del principio de igualdad de trato" y de "agravio comparativo" de los empleados del Ayuntamiento de Zaragoza con respecto al resto de empleados públicos de otras administraciones. Y pone como ejemplo el caso de las Cortes de Aragón, cuyos trabajadores "han recibido ya en sus nóminas la paga extra correspondiente al periodo referenciado" sin que conste "que se haya presentado requerimiento de nulidad alguno".
