Pese a que la presión social, y las consecuentes medidas adoptadas por la Administración, han reducido el impacto de los desahucios en la ciudadanía, el año pasado los juzgados ordenaron el lanzamiento de cinco aragoneses al día, por impagos de hipoteca o alquiler, un total de 1.787, de los solicitados por el banco o el casero. De hecho, las solicitudes de los arrendadores aprobadas por los juzgados aragoneses fueron sensiblemente superiores a las de los bancos --1.020 por 685--, pese a que los movimientos sociales suelen fijar su objetivo en las entidades.

Aunque el drama sigue estando en auge, las cifras efectivas de desalojo son apenas la mitad de las que se solicitan --y autorizan judicialmente--, y el año pasado fueron 982 los que acabaron por abandonar su hogar. en este sentido, fueron un 40% menos que el año anterior, 1.637, y se aproximaron a los 863 del 2009, cuando la crisis apenas se dejaba notar en Aragón y sus consecuencias para las familias y el derecho a la vivienda aún no acaparaban portadas ni impulsaban plataformas sociales.

Los bancos y cajas de ahorro presentaron el año pasado 1.641 demandas de lanzamiento, de las cuales se acordaron 685. Un volumen de peticiones notablemente menor a las 2.478 del 2009.