Aragón contará con cerca de 30 millones de euros para la implantación en la comunidad de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una cantidad que le "cuadra" a la consejería de Educación del Ejecutivo autonómico. Así, al menos, lo entiende la consejera, Dolores Serrat, que salió satisfecha de la sectorial celebrada ayer en Madrid y que reunió al ministro, José Ignacio Wert, y a las comunidades autónomas.

En el encuentro, que incluyó como el punto principal la financiación de la aplicación de la reforma educativa, Aragón conoció oficialmente que el ministerio le trasladará esa cantidad de aquí al 2017, aunque este año apenas recibirá algo más de un millón, como consecuencia de las adaptaciones necesarias para la implantación de la Formación Profesional Básica, una nueva modalidad que viene a sustituir a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

"Nos cuadra porque se aproxima a lo que nosotros habíamos calculado como importe y la previsión realizada por el ministerio", aseguró Serrat a EL PERIÓDICO al término de la sectorial. En este sentido, la consejera recordó que el cálculo de Wert se refiere a un "techo máximo de gasto" y matizó que "nos pagarán en función de lo que certifiquemos, es decir, si gastamos 30 pero solo certificamos 15, nos pagarán 15". Por eso, advirtió de que el concepto de dispersión geográfica que Aragón pide tener en cuenta a la hora de calcular la financiación "no tiene ningún valor en este caso" y reiteró que la cantidad "coincide con la previsión que habíamos hecho".

Además, Aragón solicitó revisar su partida ya que el ministerio había realizado el cálculo como si en la comunidad hubiera PCPIs de dos años cuando solo hay de uno, lo que suponía una financiación menor a la que conllevará implantar de cero el segundo curso en el 2015. Finalmente, Madrid atendió la petición de Serrat y accedió a revisar esa cuantía.

FONDO EUROPEO Las partidas que se destinarán a las comunidades proceden del Fondo Social Europeo, algo que las consejerías valoraron "muy positivamente" al entender que "se abre un camino de cara al futuro que subraya la importancia de la educación". Además, se derivará a las comunidades como anticipo de crédito, pero estas no deberán devolverlas al ministerio. En este sentido, el ministro Wert aseguró que "la financiación que reciban las comunidades del Fondo Social Europeo para la reforma educativa no computará como deuda ni como déficit públicos autonómicos".

El ministro respondió así después de que los consejeros de comunidades como Andalucía, Luciano Alonso; Asturias, Ana González, y del País Vasco, Cristina Uriarte, hubieran manifestado dudas sobre qué consecuencias tendría esa financiación en las cuentas autonómicas, afectadas por los límites de déficit público.

Según el ministro, habría un aumento inicial de deuda, pero se amortizará cuando las comunidades justifiquen el gasto del fondo europeo, ya que en ese momento se generará un crédito por el mismo importe.

Estas quejas de otras comunidades también fueron valoradas por Serrat, que afirmó que estas protestas "proceden de comunidades contrarias a la propia ley más que a la financiación" y recordó que anteriores reformas educativas, como la LOE, "se implantaron sin financiación, algo que no ha sucedido en el caso de la LOMCE" e insistió en que la procedencia del Fondo Social europeo "adquiere un gran valor porque resalta el valor de la educación y abre un camino hacia el futuro que hay que tener muy en cuenta", aseveró la consejera.