La secretaria general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, ha afirmado hoy que todos los sistemas de alerta están en activo y no hay "ningún caso de sospecha en estudio" de posible infección por el virus del ébola.
Pilar Farjas, a preguntas de los periodistas, ante la posible alarma social que puede estar suscitándose en relación al ébola, ha querido "trasladar a todos los españoles la garantía de tranquilidad y seguridad" que supone tener un sistema sanitario con capacidad de respuesta y protocolos que responden a los requisitos que establece tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el centro de enfermedades transmisibles de la Unión Europea.
"España ha puesto en evidencia ante todos los países del mundo su capacidad de respuesta ante este tipo de retos", ha afirmado Farjas en alusión al caso del sacerdote Miguel Pajares, que falleció el pasado 12 de agosto en Madrid, tras ser repatriado desde Liberia, contagiado del ébola.
Farjas ha destacado que España ha sido el primer país de la UE en poner en marcha un dispositivo para la repatriación de un infectado por ébola y ha señalado que la información sobre el operativo fue solicitada por varios estados como Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
Y preguntada por el caso concreto de la repatriación de un enfermo inglés desde Sierra Leona al Reino Unido, Farjas ha opinado que los estados europeos tienen capacidad y operativa para poder proceder con seguridad a este tipo de actuaciones.
Farjas ha hablado así tras inaugurar el curso sobre "Problemas actuales del derecho del consumo" que se imparte esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
Al curso ha asistido la representante de la Organización de Estados Iberoamericanos Evelyn Jacir de Lovo, con quien Farjas ha aprovechado para renovar el convenio entre la OEI y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutricional (ECOSAN) para potenciar la colaboración en materia de legislación y formación.
Según Farjas, se trata de que se pueda trasladar a los estados iberoamericanos la experiencia de los sistemas de alerta en consumo que en Europa "están bien organizados y operativos"; así como el avance en desarrollo normativo para una mayor seguridad en las relaciones comerciales y para los consumidores.
