El primer debate parlamentario sobre los presupuestos de Aragón para 2015 ha puesto hoy de manifiesto la diferente concepción de las cuentas públicas que tiene la oposición, que las considera irreales, irresponsables y tramposas, y el Gobierno, para quien reflejan la senda de la recuperación económica.
El consejero de Hacienda, Javier Campoy, ha abierto en las Cortes de Aragón la ronda de comparecencias en la que se explicarán los presupuestos de 2015 por departamentos, unas cifras que en su total consolidado ascienden a 5.254,45 millones de euros (un 2,24 por ciento menos que el año pasado), aunque el techo de gasto crece en 20 millones hasta alcanzar los 4.634,62.
El consejero ha insistido en que los presupuestos son "realistas" y "prudentes" y están elaborados desde el "optimismo" que marca un "nuevo contexto", porque el cambio de tendencia "se ha confirmado".
Las tres "realidades" de los presupuestos son que aumenta el techo de gasto por segundo año consecutivo; que disminuyen los intereses de la deuda para generar un ahorro de 21,7 millones de euros, y que incluyen una "importante bajada de impuestos", incluido el tramo autonómico del IRPF, de la que se van a beneficiar "todos los aragoneses" con el objetivo de que tengan 25 millones de euros más en sus bolsillos para impulsar el consumo y la creación de empleo.
En el capítulo de gastos, según Campoy, se blindan las políticas sociales, que aglutinan 2.951,96 millones de euros (un 0,3 %más) y se dota a la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Empleo con 25 millones de euros más hasta llegar a 518,6.
Mientras que en el de ingresos se prevé un incremento de recursos obtenidos por tributos de 155 millones hasta alcanzar los 3.037'9, a pesar de la bajada del IRPF y de otras deducciones que se incluyen, por ejemplo por guarderías o una nueva bonificación en el impuesto de Donaciones y Sucesiones.
Campoy ha explicado que este incremento está basado en la esperada reactivación de Economía, que según las previsiones del gobierno crecerá en 2015 un 2 por ciento.
El departamento de Hacienda en concreto contará con un presupuesto consolidado de 54,28 millones, lo que supone un incremento del 4,38 %, de los que la mayor parte, 33,9 millones, se destina a gastos de personal.
No comparten el análisis optimista de Campoy los grupos de la oposición, cuyos portavoces han tachado las cuentas de irrealizables, irresponsables, electoralistas, chapuza, mentira, ciencia ficción o despropósito.
La diputada socialista Ana Fernández, además de criticar que las cuentas han llegado fuera de plazo al Parlamento, ha asegurado que el Gobierno "ha inyectado mucho bótox" a los ingresos, porque "nadie cree" que la recaudación por impuestos vaya a crecer un 25 % cuando organismos como la autoridad fiscal independiente sólo prevén un incremento del 5 %.
Ha agregado que las políticas sociales han perdido cuatro puntos de peso específico en el presupuesto desde 2012, que la Universidad de Zaragoza "sigue languideciendo" con una aportación congelada de 152 millones de euros y que las cifras incluyen más gasto corriente y menos inversiones.
Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, para elaborar el presupuesto el gobierno ha acudido a su eslogan "impuestos kk", cuando lo importante sería no pagar menos, sino que se paguen todos y mejor repartidos, al tiempo que ha estimado que "lo más grave" es que no hay voluntad de cumplir las cuentas.
Ha coincidido en el análisis del presupuesto de ingresos, que son "una mentira tras mentira" y una "ciencia ficción", algo que queda reflejado en el avance de la ejecución del ejercicio de 2014, en el que se asegura que sólo se van a dejar de gastar 66 millones sin tener en cuenta que el Plan Económico Financiero que el ejecutivo elaboró tras haber incumplido el objetivo de déficit en 2013 incluía la medida de dejar de ejecutar 150.
A este respecto, el consejero ha explicado que el PEF es un "documento vivo" que evoluciona y que nunca dijo que los 148 millones de inejecución fuera "inamovibles".
El diputado de IU Adolfo Barrena ha apuntado que las cifras del presupuesto consolidado devuelven a niveles de 2006, con el agravante del recorte de los servicios sociales, con 284 millones menos en Sanidad y 109 en Educación en tres años.
También se ha referido a los 960 millones de euros de deuda que requerirá el gobierno para su financiación, que hará que ésta crezca hasta los 7.000 millones, y ha asegurado que la inversión no sube, en tanto en cuanto el capítulo VI de inversiones reales cuenta con 9,1 millones menos que en 2014.
Antonio Ruspira (PAR) ha puesto en valor el papel del Partido Aragonés en la elaboración de los presupuestos y en la estabilidad de Aragón y los ha calificado de rigurosos y creíbles, mientras que Jorge Garasa (PP) ha hecho hincapié en que cumplen el principio de estabilidad presupuestaria y apuestan por el empleo y la competitividad, al incrementar la dotación de la estrategia de competitividad, a la que se han destinado casi 1.500 millones en tres años.
