Por primera vez en la historia, la Universidad de Zaragoza llevará al Gobierno de Aragón a los tribunales. El Departamento de Educación remitió el pasado jueves a la universidad su respuesta al requerimiento del rectorado, que exigía al Ejecutivo el pago de 53 millones de euros al considerar que se había incumplido el acuerdo de financiación de la universidad firmado en el 2011 con el anterior Ejecutivo.
La dirección general de Universidades remitió esta contestación a la consejera, Dolores Serrat, que rubricó el documento para, posteriormente, enviarlo a la institución académica, aunque fuentes del rectorado aseguraron, en la tarde de ayer, que todavía no lo habían recibido.
Educación apela a la actual situación económica para negarse a desembolsar lo que la universidad pide y apela a una disposición adicional incluida en aquel acuerdo de financiación en la que su viabilidad quedaría condicionada a la disponibilidad presupestaria. Así, la reducción del presupuesto del Gobierno de Aragón y sus ingresos anularía lo firmado entonces.
La respuesta negativa del departamento se produjo justo al límite del plazo --acababa hoy sábado-- que tenía para responder al requerimiento, que la universidad interpuso hace tres meses, justo cuando, según sostienen fuentes de la DGA, "se estaba a punto de firmar un nuevo acuerdo de financiación".
En todo caso, la negativa de la Administración autonómica no supone una sorpresa para el campus. De hecho, el rector, Manuel López ha asegurado en numerosas ocasiones que el gabinete jurídico de la universidad lleva tiempo preparando el contencioso que llevará a los tribunales.
La institución académica, que reconoce una deuda de 31 millones de euros y ha tenido que recurrir a varios créditos para asegurar el pago al personal, viene denunciando, además, que la financiación básica procedente del Gobierno aragonés es menor que la media nacional, lo que también ha contribuido al enquistamiento de las relaciones entre ambas instituciones.
La presidenta, Luisa Fernanda Rudi, ya dejó claro hace unos meses que, lejos de solventarse, las discrepancias con el campus iban a acabar en los tribunales porque la respuesta al contencioso, como ha quedado confirmado ahora, sería negativa.
