ZeC reconoce su preocupación por el "grave riesgo" en Arcosur
Descarta aceptar los 1.667 pisos como pago por el corredor Oliver-Valdefierro. Sopesa ofrecer un fraccionamiento para flexibilizar el abono de los 5,7 millones
El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) trabaja contra el reloj para dar respuesta a la que se avecina en Arcosur si no se da una respuesta urgente antes del próximo 12 de diciembre. Esta es, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la fecha límite para actuar si se quiere impedir que los dueños del suelo puedan quedar liberados de las cargas de urbanización y exponerse a asumir más de 40 millones de euros en obras pendientes que no han ejecutado. El asunto está sobre la mesa del responsable municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, que ayer admitió su "enorme preocupación" y el "grave riesgo" que existe de que esto suceda.
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Así lo explicó ayer a este diario, confirmando que, como ya explicó este diario, la normativa legal está de parte de esos propietarios del suelo y urge dar respuesta de inmediato. Con la colaboración de todos los grupos municipales y, sobre todo, dando con una tramitación urgente de una solución que permita prorrogar ese plazo. La modificación del plan parcial de Arcosur pasó por el pleno, pero no la nueva reparcelación. Ahora, Muñoz, asegura que se trabaja en "una propuesta general para el barrio" que actualice esta redistribución de espacios, redefinición de parcelas y reparto de cargas de urbanización.
Pero la preocupación es por partida doble, ya que la deuda del corredor verde Oliver-Valdefierro, sigue pendiente. Como adelantó este diario, la junta de compensación pidió saldar los 5,7 millones que debería haber desembolsado el pasado 30 de septiembre con los 1.667 nuevos pisos que añadía el plan parcial y que, al no haber reparcelación, siguen sin estar en el mapa.
Esto lo tiene más claro: "Nuestra voluntad es no aceptar pisos como moneda de cambio", aseveró. Se está estudiando ofrecer un fraccionamiento del pago, aplazarlo para hacerlo más flexible. No hay una oferta concreta aún pero la normativa municipal ya fija en un plazo máximo de tres años, una opción con la aplicaría un 5% de recargo.
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