Los alcaldes aseguran que una nueva riada provocaría más daños que la anterior

Ante esta situación y tras sufrir las inundaciones del pasado mes de marzo, que anegaron más de 25.000 hectáreas en Aragón, los alcaldes de estas localidades han criticado que en estos últimos tres meses no se haya realizado la limpieza del río y que todavía no se tengan los permisos medioambientales para ejecutarla.

"No se ha hecho nada aún y no sé cuando se va a hacer, porque la riada más grande del Ebro que se conoce fue el 31 de diciembre", ha precisado a los medios de comunicación Luis Eduardo Moncín, alcalde de Pradilla de Ebro, uno de los pueblos afectados.

Moncín, junto a otros alcaldes de municipios de la ribera, ha participado en una reunión con el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Diputación Provincial de Zaragoza, en la que se han mostrado fotografías de islas formadas en el cauce del Ebro.

El alcalde de Novillas, José Ayesa, ha comentado que el trabajo realizado por la CHE en los últimos meses se ha centrado en reparar motas, pero no en la extracción de las gravas y la vegetación, ni en la limpieza del Ebro.

Estas actuaciones, a su juicio, deberían haberse ejecutado en verano y más cuando el lecho del río se encuentra en una situación "salvaje".

Por su parte, el consejero Joaquín Olona ha apuntado que esta reunión, la tercera que se realiza con el actual Gobierno socialista, tiene el objetivo de articular actuaciones para minimizar los daños de las riadas, antes de que éstas se produzcan.

Ha apuntado que la CHE está trabajando, de acuerdo al plan de gestión de avenidas con el objetivo principal de proteger los núcleos urbanos y ha precisado que por parte del Gobierno de Aragón se va a proceder en las próximas semanas al pago de las indemnizaciones por los daños en cultivos, por un valor de cerca de cinco millones de euros.

Además, antes de que finalice el año, se pagarán también las ayudas en concepto de daños en infraestructuras de las fincas, a medida que los interesados certifiquen las reparaciones, siempre que lo hagan antes del 31 de diciembre, ha recordado.

Por otro lado, ha explicado que la empresa Sarga ha ejecutado ya todas las actuaciones que fueron asumidas por el Gobierno de Aragón, por un valor de 10 millones de euros.

Por último, Olona se ha referido también a las quejas vertidas por la Asociación de Afectados por las Riadas e Inundaciones del Ebro (Asafre) sobre la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al considerar que provocaría la "desaparición" de los pueblos ribereños.

Olona ha defendido que el propósito de esta modificación y ampliación del dominio hidráulico es poner énfasis en la protección de los núcleos urbanos, una condición, ha recalcado, que además impone la normativa comunitaria.

"No entiendo que se pida que se retire un plan que lo que persigue es proteger a los núcleos urbanos", ha concluido.