Brial demanda al ayuntamiento por impedir el derribo de Averly

El enfrentamiento entre el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y los actuales dueños de la factoría Averly, la constructora Brial (Neurbe Promociones), ha llegado a su punto más álgido este mes. Por dos episodios inéditos hasta ahora que llegan casi de forma simultánea. Por un lado, la empresa ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el que demanda al ayuntamiento por la supuesta responsabilidad patrimonial en la que incurre al bloquear la licencia de derribo de las naves no catalogadas de la antigua fundición del paseo María Agustín. Por otro, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite la petición municipal de suspender cautelarmente la demolición al recibir el escrito de Fiscalía en el que esta se inhibía pero destacaba que no era nada desdeñable evitarlo mientras se esté juzgando si procede.

Ambos hitos judiciales se dieron a conocer ayer durante la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo primero, anunciado por el PP municipal y confirmado después por la constructora. Lo segundo anunciado por el responsable del área, Pablo Muñoz, que además aseguró no tener constancia de la demanda presentada por la empresa en el juzgado contencioso-administrativo número 3 de la capital.

En el recurso interpuesto, la constructora recuerda el escrito presentado al ayuntamiento en el que advertía que las decisiones municipales con respecto a la licencia de derribo solicitada podría entenderse, desde febrero del 2015, como "arbitrarias, sabiendo que son injustas, anómalas, inmotivadas y no ajustadas a derecho". En él solicitaba además que se procediera a informar sobre la identidad y el cargo de las autoridades y funcionarios responsables de las mismas. Por una posible responsabilidad patrimonial en el daño causado que, en el recurso judicial, se reclama por la "desestimación presunta" por el "silencio administrativo" a esta misiva enviada el pasado 15 de abril.

Catorce días después acudió al juzgado. Y el pasado día 3, el juez admitió a trámite su demanda y le dio un "plazo improrrogable de 20 días" al consistorio para la remisión al juzgado de "aquellos expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado".

EN PARALELO También le notifica al ayuntamiento que en un plazo de nueve días pueden personarse como demandados a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente. Una notificación que sorprende que el responsable de Urbanismo no haya recibido aún. Más todavía por el posible daño patrimonial del que se le acusa al consistorio y de que fuera el conservador Pedro Navarro quien se lo comunicara ayer durante la comisión.

Lo que sí conocía Muñoz, y los demás partidos no, era la respuesta del TSJA a su solicitud de adoptar medidas cautelares sobre el derribo. En respuesta a una petición del consistorio dentro de una causa en la que este es el demandado.