La parte demandada en una causa judicial no puede aportar nuevas pruebas de juicio que dan la razón a la parte demandante y, por tanto, perjudicar a sus propios intereses en el litigio. Se llama "fraude procesal" y es lo que ayer, en la Comisión de Urbanismo, explicaron PP y PSOE que significa la decisión de Zaragoza en Común (ZeC) de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón la respuesta de Fiscalía en la que señala que no es desdeñable que dar licencia de derribo podría hacer inejecutable la futura sentencia. Lamentaron que se pida la misma suspensión que ya solicitó la demandante, la asociación Apudepa, y que no prosperó porque no depositó la caución de un millón de euros que pedía el juez. El consistorio está eximido.
