La Audiencia Provincial de Zaragoza dio ayer carpetazo a la investigación por la explosión, hace un año, de Pirotecnia Zaragozana en el que fallecieron seis trabajadores y otros seis resultaron heridos de diversa consideración. Los magistrados rechazaron así el recurso interpuesto por las familias, que fueron representadas por el abogado Javier Hernández. Rechazaron su reapertura los letrados de la empresa y la aseguradora, Nieves Romanos y Virginia Laguna.

Los firmantes de este auto señalan a las familias, tras recordarles que muchas han sido indemnizadas, que la única irregularidad observada durante la investigación fue que se incumplieron las distancias mínimas entre las casetas en las que se fabricaban los artefactos, si bien apuntan que "no fue la causa directa del siniestro como dice la Fiscalía, por lo que no se observa en las conductas denunciadas una actuación de suficiente entidad como para merecer un reproche penal".

El tribunal provincial señala que hay sobre la mesa cuatro informes periciales --del Instituto Maradiaga, perteneciente al Ministerio de Industria; de la Guardia Civil; de Inspección de Trabajo y de la propia empresa-- en los que se señala que las causas exactas de lo que ocurrió no podrá saberse.

Resaltan que la primera explosión tuvo lugar en la caseta número 23, donde un operario se encontraba trabajando, si bien no se puede determinar qué pasó dentro. Las opciones son cuatro: impacto sobre las sustancias pirotécnicas, rozamiento de las composiciones de explosivos, una chispa de origen mecánico o una de tipo electrónico.

Son tan amplias las opciones que los magistrados destacan la investigación de los especialistas de explosivos de la Benemérita, quienes apuntaron que pudo ser por un agente externo o por una reacción química. Desde el departamento de Industria señalaron que "no quedaron pruebas o rastros con los que poder investigar".

Por todo ello, los magistrados de la Audiencia de Zaragoza rechazan el deseo de los familiares de reabrir la causa y de tomar de nuevo declaración a los trabajadores por considerar que las prestadas al inicio de la instrucción fueron "superfluas". Con este archivo ya no hay posibilidad de recurso. Las víctimas podrán acudir a la vía civil.