El servicio municipal de ayuda a domicilio podría dar cobertura durante este año a más de 6.000 personas. El Ayuntamiento de Zaragoza ha incrementado la partida hasta los 17,4 millones, tres millones más que en el 2016, a los que habrá que sumar en torno a tres fruto de la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón para la prestación de servicios de atención a la Dependencia.

En el 2016 el consistorio atendió a 5.386 personas, 669 más que en el 2015, según informaron desde el servicio de Acción Social. Del total, tan solo 521 fueron derivados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Una cifra que ha provocado que de los 2,7 millones de euros que el Ejecutivo autonómico iba a destinar al servicio se hayan ejecutado tan solo 80.010 euros por «la imposibilidad del IASS, dada la dificultad técnica, de meter en la ayuda domiciliaria a más dependientes de grado I».

Los tres millones, aproximadamente, que volverá a presupuestar la DGA para esta partida tendrán un impacto de 165.000 horas de servicio, que habría que añadir a las que gestiona directamente el consistorio.

En caso de que la atención fuera de dos horas semanales, el mínimo, se daría cobertura a 1.718 personas más, que se reducirían a 341 en caso de que se ampliarán las horas de asistencia al hogar a 10 semanales. Esto dependerá del grado de dependencia del usuario. Uno de los problemas a los que se enfrenta este servicio de atención y ayuda a domicilio, destinado a personas con problemas para desenvolverse en su hogar, es la lista de espera.

Lista única / A 31 de diciembre del 2016 había 4.019 personas pendientes de percibir esta ayuda, una cifra similar al resto de años ya que, hasta que no se produce una baja, no se genera un alta, precisaron desde Acción Social. Admitieron que el principal problema ha sido por una «cuestión de presupuesto». Con el incremento de la partida desde Acción Social confían en poder reducir la lista de esperar y atender a un mayor número de personas.

Otro de los propósitos del ayuntamiento se centra en la creación de una lista única. Por ahora, los servicios sociales gestionan la tramitación de la prestación a través de los centros sociales de los distritos por lo que existen varias listas y se producen «situaciones injustas» y diferencias entre unos centros y otros. Esto provoca que, en muchos casos, personas con la misma puntuación tarden más o menos en recibir la atención. Se trata de un problema relacionado directamente con la densidad poblacional y que, con la creación de una lista única, se solucionaría. Además, pretenden homologar y adaptar la baremación a la normativa de la DGA que tiene más instrumentos de discriminación para los casos con puntuaciones prácticamente iguales.

Hasta la fecha, la falta de presupuesto no ha permitido sacar a licitación el servicio que aparecía como un reconocimiento de obligaciones, algo que ocurrirá este año. El año pasado la partida fue de 14,7 millones y el anterior de 13,8. Los nuevos pliegos, que se encuentran en redacción, incluirán cláusulas sociales.