La alcaldesa socialista de Aranda del Moncayo (Zaragoza), Rosario Cabrera, se enfrenta a tres años de prisión por, supuestamente, cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en el proceso de licitación de un coto de caza. Es la petición que realizó la Fiscalía Provincial de Zaragoza que también solicita que durante 7 años sea inhabilitada para cargo o empleo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

La petición procede de la Sociedad de Cazadores del Coto de El Perdigal, que se consideró lesionada en sus intereses en el concurso convocado por el consistorio en el 2016 para decidir qué entidad se haría cargo de la gestión de la finca cinegética y al que se presentaron tres licitadores. Este espacio cinegético fue concedido a la Sociedad de Cazadores de San Roque, en la que ocupan puestos directivos el marido, un hijo y un cuñado de la alcaldesa, que está siendo defendida por la abogada Carmen Sánchez Herrero.

Considera el ministerio público que se falló a favor de esta sociedad, a pesar de que «la adjudicataria incumplió con el requisito de aportar asimismo documentación necesaria como estar al corriente del pago de obligaciones tributarias, con la seguridad social y la constitución de la fianza».

Ante ello, tal y como recuerda la acusación pública, el secretario municipal emitió un informe de cinco días para aportar dicha documentación, señalando que el concurso debía quedar desierto y no ser adjudicado. Sin embargo «la alcaldesa acusada desoyó el informe dictando acto administrativo de fecha 21 de agosto del 2016 firmando el contrato con la sociedad de cazadores» en la que está su familia.

Apunta la Fiscalía que por sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Zaragoza se anuló el proceso y que la sociedad de cazadores presuntamente beneficiada «ha venido pagando entre los años 2011 a 2015 cantidades inferiores a las establecidas en los pliegos de contratación del consistorio».

Ante dicha acusación y la apertura de juicio oral por parte del juzgado instructor, el Partido Popular solicitó al PSOE que cese a su alcaldesa, recordándole los códigos éticos de su formación. También denunciaron «la paralización» en la que vive el ayuntamiento.