«No estamos viviendo de esta forma por gusto»

Primero llegó el desahucio y luego la okupación. «Si fuéramos solo mi mujer y yo podríamos estar debajo de un puente, pero no voy a permitir que a mis hijos les falte de nada», asegura Julián (nombre ficticio) en el piso en el que viven desde hace unos cuatro años. No pagan el alquiler, pero dicen que no es por gusto. Para la luz y el agua alcanzaron un acuerdo con los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, con los que están negociando la posibilidad de alcanzar un alquiler social. «Nunca jamás se me pasó por la cabeza terminar viviendo así, no lo estamos haciendo por gusto», lamenta.

Aunque en estos momentos la familia tiene un sueldo gracias al trabajo del Julián, han pasado temporadas de verdadera necesidad. Su periplo empezó cuando descubrió que la persona a la que le pagaba el alquiler en un barrio de la ciudad había sido embargada previamente. «Una mañana llamaron a la puerta de mi casa dos policías con un cerrajero y dos personas del juzgado para proceder a un desahucio», recuerda.

En aquel momento alegó que tenía un contrato con la propietaria y que pagaba mensualmente, por lo que el asunto se derivó a los tribunales. Dejó de pagar a esa persona y el banco que asumió la vivienda permitió que se quedara en la vivienda. Pero Julián detalla que la entidad no le facilitó una cuenta para los pagos, por lo que a los dos meses decidió hacer una consignación de rentas en el juzgado para evitar problemas. Finalmente, así como pasaron los meses, la deuda se convirtió en algo que no podían asumir. «Nos ofrecieron un desalojo voluntario y así quedaba libre de todos los pagos», señala.

Llegaron de nuevo los policías, los enviados judiciales y los cerrajeros. «Me quedé sin nada, en la calle, y con dos niños», constata. Perdió incluso la ayuda de Instituto Aragonés de Inserción (IAI). Y en ese momento les surgió la oportunidad de okupar un piso vacío que pertenece a otra una entidad bancaria. «Nunca se me había pasado por la cabeza algo así, pero nos vimos obligados a tomar esta decisión», explican.

La vivienda se encuentra en un barrio alejado del centro. En el mismo bloque otras familias están en una situación familiar. En la casa viven Julián, de 28 años, su mujer Lola, de 30 años, y sus tres hijos. Dos de ellos en edad escolar. Los cinco duermen en una sola habitación, con los colchones en el suelo. «Prefiero que no le hagáis fotos a eso», reclama. La casa se completa con una cocina que hace las veces de salón y un pequeño cuarto de baño. Sobre una estantería hay recuerdos y fotografías.

Amenaza de desalojo

El día a día es más complejo de lo que parece. Al poco tiempo de estar viviendo como okupas la Policía Nacional les denunció. Perdieron el juicio y fueron condenados a un otro desalojo. Al no poder afrontar los 3.000 euros de costes se les declaró insolventes con una pena de libertad privativa durante dos años. En esa ocasión, gracias a la mediación de Stop Desahucios, se pudo conveniar una solución con el consistorio. «Hasta ese momento no conocía su labor», indica.

El matrimonio dice que no pueden dormir tranquilos. «Es una situación que no le deseo a nadie: pueden venir en cualquier momento y sacarnos de casa, a veces la sensación es de pánico», dice. La cerradura de la puerta está reconstruida con masilla, pues antes de que entraran ellos otras personas habían causado destrozos. «Se llevaron el horno, la caldera y los radiadores», dice.

Frente a los tópicos explican que ellos están dispuestos a pagar, siempre dentro de sus posibilidades. «La mayoría del vecindario está dentro de las ayudas sociales, pues es muy complicado lograr un empleo cuando se es gitano», detallan. Y explican que las críticas que se les hace a su modo de vida no están justificadas. Algunos electrodomésticos ya estaban cuando entraron en el inmueble. Y la televisión y la PlayStation 3 las lograron a través de Wallapop.

El racismo es algo que sufren diariamente. «En los supermercados siempre tienes detrás al guardia jurado», señalan. Ejemplos cotidianos tienen muchos. Lo viven sus hijos en el colegio, que no pueden hablar de cómo viven. También a la hora de asistir a una entrevista de trabajo. «El pueblo gitano está muy afectado por la situación de crisis, pero además se nos juzga con mucha más dureza», manifiesta Lola.

Para esta familia ha sido fundamental la ayuda de colectivos como Stop Desahucios, que ejercieron como intermediarios en los momentos más críticos. «Ellos han hecho una gran labor en este caso, si hubiera tenido opción de haber pagado un alquiler no sería un okupa, pero hasta nos quitaron el IAI al quedarnos en la calle», afirman.

De cara al futuro tienen una petición concreta: «Ojala no tenga que pisar nunca más un servicio social». Con el empleo que ha encontrado Julián en los últimos meses esta petición podría cumplirse. «Ahora tengo suerte, pero no me hago muchas ilusiones porque es un contrato de fin de obra», explica. Así que es posible que en diciembre todas las personas que están contratadas a través de una ETT sean despedidos. «Ojala me pueda quedar», concluye.