El titular del juzgado número tres de lo contencioso-administrativo de Zaragoza dio ayer una estocada casi definitiva a uno de los proyectos estrella del Gobierno de ZeC y del exalcalde Pedro Santisteve en la pasada legislatura. Una sentencia concluye que la ocupación ilegal del antiguo instituto Luis Buñuel derivó en una cesión de uso por parte del ayuntamiento que es nula de pleno derecho. Un fallo amparado en argumentos contundentes, principalmente porque alude a artimañas con las que se impidió la publicidad y libre concurrencia que exige la ley en casos como este, sin atender a otras entidades interesadas. Y pone en el ojo del huracán al exalcalde Pedro Santisteve y a la que fuera responsable de Participación Ciudadana de Zaragoza, Elena Giner, por actuar con «amiguismo» hacia «una asociación en la que tenía especial interés el propio alcalde -en ese momento- de la ciudad».
El magistrado expone numerosos argumentos jurídicos que evidencian que el ayuntamiento no respetó la ley para ceder en el 2018 este edificio municipal que la DGA devolvió al consistorio en el 2013. Y todo el argumentario gira, curiosamente, en torno a otro fallo judicial conocido: el que en el 2011 invalidó la cesión directa del Párking Norte de la Expo a la Federación Interpeñas para las fiestas del Pilar, un «antes y un después» en este tipo de casos, dice el juez. Ahora, pone al Centro Social Comunitario Luis Buñuel en jaque pero quizá no explicita que obligue a un desalojo que el Gobierno PP-Cs sí le exigirá. Porque el fallo ordena que todo «debe reponerse a la situación jurídica anterior, y no tanto de hecho, ya que consta que dicha asociación, con la inacción del ayuntamiento, usaba ya los locales».
Lo que sí hace es anular los tres actos administrativos que formalizaron la cesión del Luis Buñuel en favor de una asociación que se constituyó después de ocupar ilegalmente el edificio (así lo reconoce el fallo y lo atestiguan las pruebas documentales), y que nació a raíz de un movimiento vecinal como el de Dale vida al Luis Buñuel en el que, en el 2013, Santisteve era vicepresidente, y Giner una de sus vocales.
La base de esta resolución está en que el ayuntamiento «no efectuó una convocatoria con publicidad y pública concurrencia, sino que simplemente dirigió una petición con solicitud de interés y de información sobre la utilización». Fue para la plataforma Escuela y Despensa, que es la que judicializó esta cesión directa, y otras tres entidades vecinales: Asociación Migrante Aragón-Fama, Comerciantes y Profesionales de Conde Aranda, Portillo y Adyacentes, y Zaragoza Antigua.
Y además dice haber quedado acreditado que la asociación beneficiaria «no tiene ningún tipo de presupuesto, de cuotas por los socios ni asume ninguno de los gastos que origina el uso» del Luis Buñuel. Ni tampoco ZeC lo reflejó en el acuerdo de cesión que sería el consistorio quien pagaría, como está haciendo, el agua, la luz, la calefacción... Y a esto añade el juez que uno de sus miembros, su secretario, «mintió» en sede judicial cuando fue preguntado por los mercadillos que ocasionalmente se realizaban en el patio y que «excede» el régimen de cesión del inmueble.
El magistrado no deja ningún resquicio de defensa para Santisteve ni el Gobierno de ZeC, impone unas costas de mil euros al ayuntamiento y a la propia asociación del Luis Buñuel, las codemandadas. Además, deja la puerta abierta a un recurso, el fallo no es firme, pero el consistorio ya anuncia que no lo va a hacer. Lo aseguraron los responsables de Infraestructuras y de Participación, Patricia Cavero y Javier Rodrigo, respectivamente. Calificaron la sentencia de «rotunda» y celebraron que los 5.000 metros cuadrados de este edificio vuelvan a manos del ayuntamiento. E instaron a la asociación a «acatar la sentencia» para que introducir otros usos para el barrio.
"SENTIMOS UNA GRAN IMPOTENCIA"
La sentencia del Contencioso-Administrativo cayó ayer como un gran jarro de agua fría en el interior del Centro Social Comunitario (CSC) Luis Buñuel, donde sus portavoces prefieren "aguardar a la reunión" que cada miércoles hacen para analizar las consecuencias de este fallo y ver qué camino seguir a partir de ahora. Antes, también deben asesorarse con su abogado, que recibía la notificación ayer mismo. Para ellos supone una resolución «inesperada». «Sentimos mucha impotencia, que es una injusticia», afirmaban las fuentes consultadas por este diario, quienes destacaban que «llevamos seis años de trabajo comunitario y parece ahora que el esfuerzo no ha servido de nada», comentaban, admitiendo que les deja «tocados emocionalmente».
Subrayan también que «cabe recurso» a esta sentencia que además les condena en costas. Pero los argumentos son contundentes, y el Gobierno PP-Cs poco receptivo, apuntan. «Hemos intentado varias veces tener una reunión con ellos pero ni siquiera han querido recibirnos», explicaban. Al mismo tiempo saben que con esta actitud será complicado reconducir la situación. El propio Gobierno PP-Cs pedía ayer que acataran la sentencia y se marcharan pacíficamente.
Les avala su contribución a la comunidad de todas las actividades que realizan desde que en el 2013 se llegó a un acuerdo para darle vida al Luis Buñuel. Con actividades como las que este fin de semana tienen programadas y se mantienen. Un espacio que, apostillaba el grupo municipal de ZeC, merece la pena porque «ha realizado más de 350 actividades a cargo de más de 70 colectivos en las que han participado más de 9.000 personas». Ahora su futuro está en duda.
En paralelo, la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo ha anunciado movilizaciones para manifestar su rechazo a la sentencia que anula la cesión del Luis Buñuel y reafirmar su apoyo el “centro autogestionado”.
