El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha abierto la tajadera más controvertida de cuantas hay en la comunidad: la revisión del Pacto del Agua que se constituyó en 1992 para consensuar la planificación hidrológica en Aragón y que tras largos avatares, todavía vigentes, se actualizó en el 2006. Casi nada queda en pie del proyecto primigenio, que todavía preveía embalses ya descartados como Jánovas, Santaliestra o el de La Pimienta, y que indicaba que en 1999 estaría todo ejecutado. Más de 20 años y dos amenazas macrotrasvasistas después, ninguno de esos grandes embalses está ejecutado y algunos siguen causando controversia.

A pesar de que la actualización de este pacto era uno de los 132 puntos del acuerdo de gobernabilidad firmado por el PSOE, CHA, PAR y Podemos, el anuncio de Lambán cogió por sorpresa a algunos de los actores principales del debate. Especialmente fuera de juego ha quedado el PP, principal líder de la oposición, desconocedor de las intenciones del Ejecutivo y al que, una semana después del anuncio, todavía nadie le ha comunicado la intención de revisar el acuerdo. Algo que ha extrañado y sentado mal en la dirección del partido que preside Luis María Bemonte.

En cualquier caso, la redacción de ese punto era lo suficientemente genérica para no esperar la verdadera dimensión del anuncio del presidente: «Trabajar por la resolución de los conflictos del Agua en Aragón. Constitución e impulso de una mesa de diálogo en la comunidad autónoma de Aragón para un nuevo Acuerdo del Agua. Asegurando el desarrollo de las necesarias infraestructuras de nuestro territorio para el progreso de nuestro medio rural con el agua como recurso vertebrador, de generación de riqueza y oportunidades y de cohesión del territorio. Todo ello sin olvidar las restituciones justas a afectados por embalses ejecutados o no. De igual modo, se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones para los usos del agua aprobados en la subcomisión de Agua y Cambio Climático del Congreso de los Diputados».

Bajo el anuncio de Lambán subyace uno de los verdaderos quistes del pacto del agua: el embalse de Biscarrués. Un gran pantano para regular el Gállego que se proyectó a gran capacidad, para quedar reducido finalmente a 35 hectómetros cúbicos y en un pacto ajeno al Pacto del Agua y al propio Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, desconocedora del mismo, gestado en el 2013 por la ministra popular Isabel García Tejerina y el presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, acostumbrado a negociar directamente y reacio a pactos que sienten en la mesa a los regantes tradicionales con ecologistas y críticos con la planificación hidrológica tradicional. En ese acuerdo se gestionaron dos balsas complementarias llamadas Almudévar-Biscarrués, la segunda de ellas en el Supremo y con bastantes probabilidades de que la tumbe. Y además de lo que pueda dictaminar el Supremo, la ministra actual, Teresa Ribera, no es una entusiasta de los pantanos, como buena discípula de su compañera Cristina Narbona, quien bajo su mandato como ministra ralentizó la ejecución de las grandes obras hidráulicas por no ser partidaria de ellas.

La realidad es que Biscarrués a 35 hectómetros cúbicos ofrece escasas garantías de riego al sistema del Alto Aragón. Esa cantidad apenas cubriría la demanda de nuevos regadíos y a un coste muy elevado, tanto económico como ambiental. Más allá de los aprovechamientos hidroeléctricos que generaría, el auténtico objeto de deseo de este embalse, poco rendimiento tendría, y menos en un momento en el que se pretende incluir el cambio climático en cualquier obra hidráulica de gran capacidad.

En las últimas semanas ha habido algún contacto entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón, incluso el secretario de Estado es conocedor de las intenciones de revisión del Pacto del Agua, que también compete a la Administración central. Todo apunta a que se desterrará Biscarrués, que seguiría el camino de Santaliestra en el otro gran sistema de riegos, el de Aragón y Cataluña, y recuperar dos proyectos de grandes balsas, Valdepatao y Valcuerna, que paradójicamente era la apuesta original de formaciones antipantanos como CHA y Podemos que hoy conviven en el Gobierno con el PSOE y el PAR, defensores en su día de las grandes obras hidráulicas. Esta semana, Joaquín Olona y Marta de Santos, antaño enfrentados por el agua y hoy compartiendo despachos, han rechazado ser entrevistados por este diario.

Mientras, el PP y Trillo han mostrado su oposición a la intención de Lambán y sus socios, lo que ha servido para que el PP vea una oportunidad política en el Alto Aragón y tratar de reestructurar su partido. Por este motivo, Beamonte ha estado prácticamente toda la semana en la provincia de Huesca, reunido con los grandes regantes, adaptando su discurso a sus demandas y acentuando su rechazo a la propuesta de Lambán. Porque el reto pendiente del PP una vez conquistadas las alcaldías de las grandes ciudades de la provincia, es recuperar pequeños municipios donde el PSOE tiene un granero electoral y cuya actividad económica depende, principalmente, del agua. El PSOE mientras, confía en que los regantes acaben aceptando la nueva mesa y dar una solución definitiva a un problema no resuelto desde Costa, hace 105 años.