El Gobierno de Aragón se adentra esta semana en los trámites para la ley más importante de cada ejercicio, la de los presupuestos del año que viene. Más si cabe en esta ocasión, cuando todas las cuentas vienen y estarán condicionadas por la pandemia del coronavirus, que ha desarbolado las de este año y condicionará las del próximo. Ante esta inédita situación, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quiere lograr la implicación no solo de los grupos del cuatripartito, que bastarían para su aprobación, sino de la mayor parte de la oposición, prolongando el espíritu de la firma de la estrategia aragonesa para la recuperación.

Pero muchas cosas han pasado desde entonces, y habrá que ver cómo vuelve el ambiente a las Cortes, que retoman su actividad parlamentaria mañana, con Mesa y Junta de portavoces.

El consejero de Hacienda tiene claro que el debate presupuestario será la ocasión de comprobar «hasta qué punto hay una inversión decidida en la estrategia de la recuperación». A su juicio, «poca excusa va a tener la oposición esta vez para no comprometerse», dada la situación histórica que está atravesando la comunidad y el país con la pandemia.

ADELANTO DE TRÁMITES

Como otra prueba de esta excepcionalidad, el departamento adelantó mes y medio la orden de elaboración de estos presupuestos. El año pasado se dictaba a mitad de septiembre, y en esta ocasión fue el 27 de julio. Fijaba unos plazos para las consejerías y entes públicos que comenzarían a expirar este miércoles, aunque el director general de Presupuestos, Andrés Leal, no tenía este lunes nada sobre la mesa y es poco probable que se cumpla el plazo.

Aun así, el consejero Pérez Anadón confía en que sí se cumpla el horizonte del 21 de septiembre, cuanto menos para tener una estructura que luego completar con las previsiones reales (o lo más ajustadas posible) de ingresos y, en consecuencia, los gastos. Para entonces, recordaba, debería de haberse celebrado ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera estatal, como las comunidades autónomas llevan tiempo reclamando y anunció la ministra María Jesús Montero recientemente.

En el tiempo que no se esté hablando del uso del superávit municipal, Pérez Anadón confía en que la ministra dé indicaciones sobre el déficit permitido y el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, en lo que afecte a las autonomías, después de que la ministra anunciase una subida «sin precedentes» del mismo, gracias a una primera remesa de fondos europeos que estimó en 20.000 millones de euros.

El consejero aragonés recordó lo fundamental de contar con estas previsiones estatales, como las entregas a cuenta, que suponen «el 70% de los ingresos de la comunidad». El año pasado, recordó, no llegaron las previsiones hasta enero, ya con los presupuestos aragoneses aprobados, pero este año «no estamos hablando de una décima» de desviación del déficit, y convendrá tenerlo todo lo más atado posible, dada la magnitud del problema al que se enfrentan todas las autonomías.

El consejero defendió que la propuesta, fundamentalmente del PP, de rehacer los presupuestos de este año era inviable, porque «habríamos comenzado a sacar convocatorias en noviembre», y confió en que las aportaciones de los grupos tengan mejor cabida en estas próximas cuentas.

EL PP PIDE TRANSPARENCIA

La estrategia aragonesa para la recuperación, dejando aparte lo que cada uno considere sobre su aplicación concreta, fue una muestra de que el coronavirus lograba unir las sensibilidades políticas para la recuperación. Incluso Vox, que no lo firmó, reconocía que estaba bastante de acuerdo, solo que hubiese querido que se ciñese a las Cortes. Pero el ambiente político se ha enrarecido desde su firma, y habrá que ver si el Gobierno puede reconducir la situación de cara a la firma de los presupuestos del año que viene.

El PP, según recordaba su portavoz parlamentaria, Mar Vaquero, ya llevaba urgiendo unos presupuestos desde que el coronavirus dio al traste con los de este año. De hecho reclamaban unos nuevos, que contaran con el «consenso y transparencia» de las Cortes. Vaquero entiende que el tiempo les dio la razón, porque, aprovechando el respaldo de los grupos parlamentarios a la estrategia, el Gobierno gestionó desde entonces con «opacidad y sin control», con decretos que incluían asuntos al margen de la estrategia. Aunque los aprobaron por «responsabilidad».

Esta transparencia también la han echado en falta este mes, desde que se suspendieron las reuniones del presidente Lambán con los grupos (a la última el PP ni acudió, al convocarla en el Salud como técnica, lo que les pareció una «tomadura de pelo»). Desde entonces «no sabemos lo que están haciendo», lamentaba Vaquero.

Tampoco estaba muy contento con el empleo de la estrategia Álvaro Sanz, coordinador de IU, que de hecho considera que no se está desarrollando. Aun así, afirmó que la actitud de su grupo ante los nuevos presupuestos será «colaboradora», como lo fue en los últimos. Pero eso sí, exigirá de nuevo que se abra el debate fiscal, para que los que menos han sufrido esta crisis, «o no la sufren en absoluto», contribuyan en mayor medida a financiar la recuperación, que requerirá más gasto social para superar la «cicatería» actual en la contratación de profesores o el desarrollo de los cuidados.

Si el cuatripartito quiere un consenso total, difícil será conciliar esta postura con la de Ciudadanos, cuyo portavoz, Daniel Pérez Calvo, incidía precisamente en que «de subir impuestos, nada». Pueden entender, explicaba, que el actual contexto no invite al «alivio fiscal» que propugnan, pero como mucho, apostarían por mantenerlos. En cualquier caso, Ciudadanos mantendrá una postura abierta y respaldará las cuentas siempre que sigan la estrategia y mantengan «las erres», al ser «realistas», manteniendo los servicios esenciales (sanidad, educación y sociales) y tender a la «recuperación», abriendo la puerta a inversiones y grandes proyectos.

Todo ello a costa de eliminar gasto «superfluo», en lo que coincidía Vox. El diputado Santiago Morón se mostraba abierto a dialogar, pero ponía como ejemplo de lo que no comparten ayudas como las recientes para impulsar el aragonés y el catalán.

PLAZOS EN DUDA

Las consejerías y departamentos del Gobierno de Aragón deberían remitir sus previsiones de ingresos para los presupuestos del año que viene este miércoles, cuando expira el plazo que fijaba la orden firmada por Hacienda el pasado 27 de julio. Parece difícil que se cumpla este plazo, como también el del 3 de septiembre, cuando finalizaría el plazo para enviar las de gastos.

Los departamentos consultados este lunes admitían que aún están trabajando en ellas, y algunas las condicionaban incluso a una reunión entre los cuatro grupos parlamentarios que integran el cuatripartito. Aun así, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, sigue confiando en que al menos el esqueleto de las cuentas, con «el bruto» de las estimaciones aragonesas, pueda estar listo el 21 de septiembre. Solo que estas cuentas netamente autonómicas estarían bastante cojas, ya que supondrían apenas el 30% de los fondos que se manejarán en los presupuestos, faltando la aportación estatal. A partir de ahí comenzaría el debate parlamentario para intentar repetir el hito de tener la ley aprobada antes de que comience el año.