Los partidos con representación en las Cortes extrajeron pocas novedades de la comparecencia que ofreció ayer el consejero de Educación, Felipe Faci, ante los portavoces parlamentarios, para explicar la orden sobre el retorno a las aulas publicada ayer. La oposición hizo hincapié en la tardanza del Gobierno de Aragón en adoptar las medidas para la vuelta a las aulas, pero sí exhibieron unidad a la hora de garantizar la seguridad en la vuelta a las aulas, intentando disuadir así a los padres que puedan fomentar el absentismo por el miedo a la pandemia.

Pero la unidad, como destacó Mar Vaquero, del PP, no exime a la oposición de su tarea de «control» al Gobierno. Y sin negar el «esfuerzo y el trabajo» del departamento de Educación a la hora de elaborar los planes de vuelta a las aulas, lo que se les exige son «resultados», y a juicio de los populares la tardanza en preparar estos protocolos, algunos de los cuales aún están sin definir, ha causado «incertidumbre» en la comunidad educativa y una «inseguridad» que perdura. Vaquero recordó que ya alertaron de la «improvisación» del Ejecutivo en junio, cuando trabajaban con tres escenarios posibles, que «está claro que no se han trabajado cuando se siguen anunciando medidas hasta hoy».

Las últimas las conocieron de primera mano ayer en la comparecencia del consejero, acompañado por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. Ante los cuales los distintos grupos exhibieron sus inquietudes respecto al inicio del curso.

Por ejemplo el coordinador de IU, Álvaro Sanz, que consideró «corta» la contratación de 400 profesores para lograr la reducción de ratios, que a su juicio se debió plenar como mucho mayor desde el principio, para evitar los «cambios de última hora». «Se podría haber sido mucho más ambicioso», consideró, como pedían en el decálogo de medidas que enviaron ya hace unas semanas al Ejecutivo autonómico.

Sanz también hizo hincapié en la necesidad de mejora de la situación de la educación especial, el refuerzo de los monitores de comedor y la limpieza de las escuelas por parte de los ayuntamientos («porque no se puede hacer más con lo mismo»). En la misma línea, expresó sus dudas sobre la implementación de equipos sanitarios para controlar los colegios desde una atención primaria «ya sobrecargada».

Para David Arranz, de Vox, la solución para este asunto pasaría por un «mando único» nacional, incluso a nivel europeo. Aunque al tiempo incidió en la poca confianza que les genera la ministra Isabel Celaá y alabó, por contra, el esfuerzo del Gobierno de Aragón. Mostró especial preocupación por la tardanza en la llegada de los dispositivos digitales, claves para la «igualdad de oportunidades» en caso de que los alumnos tengan que seguir las clases desde casa.

También Ciudadanos, por boca de Carlos Trullén, incidió en que los planes para el retorno llegaban «tarde», pero destacó, en la parte positiva, que «lo importante es que existe un plan para el retorno seguro a las aulas», que además ha seguido varias de las recomendaciones que su grupo realizó en las últimas semanas. Se mostró especialmente satisfecho con que la coordinación ante brotes vaya a contar con la guía de los centros de salud, y apuntó que los planes específicos en Infantil no han de ser solo para guarderías municipales, sino también para los centros privados.

EL PROTOCOLO SANITARIO, LA SEMANA QUE VIENE

Entre los grupos que integran el cuatripartito predominó la alabanza a la «transparencia» con la que ha actuado Educación. Comenzando por el propio consejero Faci, que destacó las continuas reuniones desde junio para elaborar los protocolos. Aún queda fijar el de coordinación sanitaria, que según dijo ayer, debería estar para la semana que viene, y la guía de actuación para los padres.

Así, Vicente Guillén, por parte del PSOE, defendió que los planes se han centrado en mantener la seguridad. Y defendió que lo «ilógico» hubiese sido mantener los de junio, con una situación epidemiológica cambiante. Frente a ello acusó a «algunos grupos» de querer crear «confusión» cuando las familias necesitan certidumbres.

Jesús Guerrero, por parte del PAR, agradeció la transparencia e insistió en que el Gobierno central haga su papel y favorezca la conciliación de las familias que tengan que quedarse a cuidar de hijos en cuarentena. Por parte de CHA, Joaquín Palacín destacó el «consenso» que se ha logrado para este modelo de vuelta a las aulas y Marta Prades, de Podemos, mostró su preocupación porque se mantenga un buen servicio en educación especial.