La división ya quedó clara hace días, cuando los cuatro partidos que forman el Gobierno de Aragón se dividieron por la mitad tras conocer la sentencia que obligaba a parar las obras del embalse de Mularroya. Lo celebraron Podemos y CHA, convencidos de que la política hidráulica es antigua y cara. Lo defendieron los otros dos. El resto también. Quizá quien le ha puesto más énfasis esta mañana ha sido el socialista Darío Villagrasa, que ha repetido machaconamente que los trabajos «no son ilegales» y ha dado un respaldo contundente a Joaquín Olona, aunque el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ya había dejado claro en su primera intervención que no le basta con que las obras lleguen a su fin, sino que se deben poner «en servicio», para lo cual ha reclamado adoptar «todas las medidas políticas, jurídicas y judiciales por parte de quienes tienen que tomarlas», en referencia al Ejecutivo central. Más claro: «Eso es lo que tiene que hacer el Estado».
En el asunto de la legalidad se ha detenido un rato el debate que para Olona no es tal «porque lo que dice la sentencia» es que no se acredita el Interés Público Superior. «Pues bien, acreditémoslo», ha esgrimido el consejero, que ha asegurado que no incumple la Directiva Marco del agua, «otra cosa es que no esté bien justificada», y ha manifestado que Mularroya es «imprescindible» porque es «el futuro de Aragón y la agricultura familiar, además de un pilar esencial para la economía de la comarca».
La interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo es lo que le exige al Ministerio de Transición Ecológica, al igual que el presidente, Javier Lambán, entre otras cosas porque es una obra declarada de interés general en el Plan Hidrológico Nacional.
Ramón Celma, del PP, ha pedido que «unos pocos no condicionen» la vida de «unos muchos» y ha lamentado que el PSOE dé «categoría de viabilidad a todos aquellos que se enfrentan a las obras hidráulicas», además de remarcar que quienes «trabajan en contra de los agricultores», ya sean organismos o colectivos, «ni uno solo vive de la agricultura, ni de la industria agroalimentaria, ni vive en esos pueblos», ha afirmado el popular, que ha calificado como «muy grave» que el Gobierno «pueda estar dispuesto a tirar esa inversión y que el ministerio diga que quizá no recurra la sentencia» y deje que se pierdan 140 millones de euros. «Están en juego los agricultores, Aragón y el peso del Gobierno de Lambán», al que no ayuda tener diferentes opiniones dentro de su Ejecutivo.
Desde la oposición ha habido más voces favorables a Mularroya. Ramiro Domínguez (Cs) ha pedido a Olona que no haga «ni caso» a quienes dentro del Gobierno rechazan el embalse: «Tiene a la zorra cuidando de las gallinas», le ha largado, al tiempo que considerado que remitir una carta a una ministra como Ribera tiene «mucho peligro».
Jesús Guerrero, del PAR, ha recordado que el propio Consejo de Ministros dijo en su día que había «razones imperiosas» para construir el embalse; mientras que Santiago Morón (Vox) arremetió contra la «deriva medioambientalista» que criminaliza a agricultores y ganaderos y contra la «vuelta a las cavernas» que, en su opinión, pretenden «la izquierda radical y el ecologismo urbanita».
El portavoz de Podemos, Nacho Escartín, ha pedido "no crear falsos chivos expiatorios" de ecologistas que viven en una torre de marfil, cuando "el territorio pide soluciones más eficientes", y tras afirmar que Mularroya "es ilegal", ha señalado a Olona que el Pacto del Agua "no es la piedra filosofal" y existe un acuerdo de investidura "que fija cómo tiene que convocar usted una mesa de diálogo para un nuevo acuerdo social del agua", "sin excusas".
Joaquín Palacín (CHA) ha recordó la reiteradas sentencias contrarias al proyecto, cuatro, y ha instado al Gobierno de España a buscar soluciones a este «despropósito de gestión», por lo que ha reclamado la convocatoria de l Mesa del Agua.
Por último, Álvaro Sanz (IU) ha afirmado que su partido «no entiende cómo determinados dirigentes políticos criminalizan y señalan a otros que piensan distinto, empezando por el presidente» de la comunidad. «Hay que hablar de un modelo de legalidad, no de quién está a favor y quién en contra», ha concluido.
