La posible imposición de peajes o tasas por el uso de autovías genera un profundo rechazo en el sector del transporte en Aragón, donde esta actividad tiene un gran peso económico y genera miles de empleos. El anuncio de la medida llega además en un momento delicado para unas empresas que pasan por enormes dificultades.
«Este tipo de medidas no solo no reactivan la economía, sino que supondrían un grave quebranto económico para las empresas de transporte de mercancías, incluso la pérdida de empleos y el final para muchas empresas», aseguró Fernando Viñas, secretario general de la patronal zaragozana del transporte Fetrz, a la que pertenecen grandes compañías como Sesé, Carreras o Marcotran. Recordó que el pasado mes de julio el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) acordó con el Ministerio de Transportes que no se introducirán peajes sin haber alcanzado el consenso con el sector.
Viñas destacó que las empresas de transporte no han estado utilizando apenas las autopistas con peajes parcialmente bonificados para el sector durante estos años «por no poder permitirse ni siquiera pagos reducidos».
«Está fuera de lugar plantear algo así en un momento de crisis como el que estamos sufriendo», criticó José Antonio Moliner, presidente de la asociación aragonesa de transportistas Tradime. A su juicio, la medida sería un «mazazo» para los profesionales del sector que pondría en riesgo la supervivencia de muchos pequeños negocios por el incremento de costes.
Alcalde de Mallén: "Es un crimen pagar por estas cosas"
El cobro por el uso de autovías genera un malestar generalizado en la población, pero hay municipios que ponen más el grito en el cielo por este posible peaje. Es el caso de las localidades por las que pasa la N-232 entre Figueruelas y Mallén, una carretera que a finales del 2022 completará su conversión en una autovía tras más de 25 años de reivindicación.
Esto permitirá acabar con la elevada siniestralidad de la vía, uno de los principales puntos negros del país, y mejorar en seguridad. Y no tener que recurrir al pago de la autopista de peaje para ir a Navarra. Esa gratuidad, sin embargo, será efímera si se lleva a cabo el plan del Gobierno y se impone una tasa por la utilización de las carreteras a partir del año 2024.
«Me parece una medida absurda. Es un crimen tener que pagar por estas cosas y más en pueblos como el nuestro», aseguró Rubén Marco, alcalde de Mallén. «Ahora que por fin nos hacen la autovía, después de tantos años reclamándola, es injusto que nos apliquen un peaje» , consideró. «Lo lógico es que no se cobre a la gente por usar las carreteras», defendió, al tiempo que reclamó que sean «seguras y gratuitas». «No se puede jugar con la seguridad, como nos ha pasado a nosotros en todos estos años», enfatizó.
Aunque dijo entender que las cuentas del Estado pasan por una situación crítica, Marco cree que se deberían buscar otras fórmulas. «El Estado del bienestar se soporta a base de impuestos, pero estos deben de ser progresivos y no recaer siempre sobre clase media y trabajadora», concluyó.
La oposición se suma a las críticas de la DGA
El rechazo político en Aragón a la propuesta del Gobierno central ha sido unánime. «Letal para la competitividad de las empresas», una «estafa» para los ciudadanos y va «en contra» del mantenimiento de la población en los municipios aragoneses. Con estas calificaciones, Partido Popular, Vox y Ciudadanos denunciaron ayer este planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los populares ya lo criticaron desde la provincia de Teruel, donde los senadores Manuel Blasco y Carmen Pobo aseguraron que «en las actuales circunstancias de crisis económica como consecuencia de la pandemia es una medida tremendamente inoportuna». «Será letal para la competitividad de las empresas, para la economía española y muy especialmente para los pequeños transportistas y autónomos», lamentaron.
El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, reclamó «menos peajes y más inversión». Recordó que «todavía existen muchas zonas de Aragón que no disponen de autovías ni carreteras en condiciones» y denunció que «afectará negativamente al desarrollo de los municipios y al asentamiento de población». Desde el grupo parlamentario de Vox, lo calificaron como «una estafa a todos los españoles que ya pagamos suficientes impuestos por el uso de nuestros vehículos».
Mientras, el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes, Álvaro Sanz, definió la propuesta como un «globo sonda que no puede asumirse sin garantizar que no acaba penalizando a la clase trabajadora y sin venir acompañado de medidas de fortalecimiento de los servicios públicos de transporte».
