Un nuevo organismo del Gobierno de Aragón ha emitido un informe técnico crítico con el macroproyecto de renovables promovido por Forestalia en el Maestrazgo, que engloba 22 parques eólicos y 161 aerogeneradores. Se trata del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA), formado por 38 miembros y que preside el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro (CHA). En su última reunión, celebrada el pasado jueves, aprobó un acuerdo con una serie de consideraciones y recomendaciones sobre esta actuación.
El documento se enmarca en el proceso de tramitación de la autorización administrativa previa y de la declaración de impacto ambiental de la actuación que lleva a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha pedido consultas a 67 organismos de Aragón y la Comunidad Valenciana. El plan, denominado Clúster Maestrazgo, contempla más de 800 millones de euros de inversión y abarca una decena de municipios de la comarca y de Gúdar-Javalambre. También atañe a la provincia de Castellón, por donde discurrirá la linea de muy alta tensión para evacuar la energía en Morella.
El documento, al que ha tenido acceso este diario, basa sus conclusiones en la «reflexión sobre la creciente pérdida de naturalidad y del valor paisajístico» de este territorio «que conllevará la implantación de instalaciones de energías renovables en la zona».
Un informe no vinculante
Aunque el COTA expresa advertencias y recelos sobre algunas cuestiones, no llega a rechazar la puesta en marcha de la inversión ni es categórico en sus aseveraciones, como sí la Dirección General de Medio Natural y Gestión Ambiental de la DGA en un reciente informe que alerta del «máximo riesgo (no recomendado)» por su valor ambiental.
En cualquier caso, ambos dictámenes son preceptivos, pero no vinculantes. El que tendrá un carácter determinante para que el ministerio conceda las autorizaciones será el que emita el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que según avanzó el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, «no plantea ningún aspecto crítico» que impida el desarrollo de este proyecto.
El COTA se define como un órgano representativo, consultivo y de coordinación general de los intereses territoriales públicos y privados que confluyen en la comunidad. Sobre el proyecto de Forestalia, el acuerdo aprobado por dicho consejo recoge siete puntos. En el primero, considera «conveniente realizar una reflexión» sobre el objetivo 13.3.E1 de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) que aboga por priorizar la repotenciación de los parques eólicos existentes, y la instalación de microparques cerca de subestaciones eléctricas.
Impacto final y libre acceso
En la segunda propuesta, el COTA también sostiene que «deberá asegurarse la conservación de los valores paisajísticos mediante la integración de todos los elementos de los proyectos en el paisaje», tanto en las fases de diseño y ejecución de las obras como en la explotación y en la restauración del medio afectado.
«Los proyectos deberán incluir el balance del impacto final sobre la actividad socioeconómica en el territorio afectado», recoge el tercer punto. En el cuarto, señala que «deberán tenerse en cuenta» los mapas de paisaje a escala comarcal de libre acceso a través de los visores de la infraestructura de datos espaciales de Aragón (IDEAragon) «a fin de estudiar el emplazamiento más idóneo en función de las sinergias que puedan aparecer y de desarrollar los Estudios de Integración Paisajística pertinentes antes de la ejecución de los proyectos, dada la pérdida de naturalidad y de valor paisajístico de las Unidades de Paisaje que estas instalaciones conllevan».
En el quinto apartado, el consejo considera necesario «conjugar estas instalaciones con previsión de los nuevos nodos eléctricos», lo que «favorecería no sólo un menor impacto» sobre el paisaje al contar con líneas de menor longitud, sino también «una mejor gestión de la energía, de la distribución del recurso y del servicio de suministro eléctrico, especialmente en el ámbito rural».
En el sexto punto, el COTA muestra «la preocupación sobre los efectos de estas infraestructuras» en la zona de implantación «cuya completa valoración de sus efectos acumulativos no resulta posible con la normativa ambiental y territorial vigente». Y_en séptimo y último epígrafe, insta al promotor a incluir un estudio de tráfico y un plan de reposición de las vías deterioradas «en previsión de los desperfectos que van a sufrir las infraestructuras viarias como consecuencia del aumento de tráfico pesado».
Discrepancias entre los empresarios
Por otra parte, la controversia sobre los proyectos renovables en zonas de Teruel con alto valor paisajístico e interés turístico también ha llegado a las organizaciones empresariales. La patronal CEOE Aragón emitió el pasado domingo un comunicado para expresar su respaldo rotundo a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos por ser un sector «clave para el crecimiento económico y la vertebración territorial».
Tres días después, las organizaciones turolenses CEOE, Cepyme y CEAT se reunían de urgencia y publican un escueto comunicado en el que piden únicamente que «sean los territorios que se vean afectados por estas inversiones, los que tengan capacidad y autonomía de decisión sobre su implantación». Al día siguiente la asociación de empresarios turísticos de Teruel, un sector donde las renovables levantan ampollas, sacaba otra nota en la que aboga por escuchar «todas las opiniones» y respetar «cada una de ellas».
